Parece que los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat se están quedando sin “pretendientes”. Si ya Fraport anunciaba hace unos días su retirada por la puja junto el grupo Acciona aduciendo que las condiciones del proceso son difíciles por la situación del mercado, ahora el resto de grupos podrían no presentar sus ofertas.
La razón sería la misma que alegó Fraport y que obligó al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero a aplazar el proceso el pasado mes de octubre, las dificultades para reunir la financiación necesaria en la fecha establecida. Por este motivo, algunos consorcios están tanteando la posibilidad de no presentar ninguna oferta el próximo 31 de enero, fecha en la que finaliza el plazo inicialmente establecido y que sigue adelante.
Para estas empresas el importe del contrato de concesión es muy elevado, considerando la la situación actual en la que se encuentra el mercado. Este importe asciende a 3.700 millones de euros en el caso de Barajas y de 1.600 millones en el de El Prat, además de un canon anual equivalente al 20% de la facturación.
Sin una decisión del Gobierno, por el momento
Otra razón por la que los consorcios se muestran dubitativos es que están convencidos de que el nuevo gobierno modificará, o inluso cancelará, el concurso. Recientemente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmaba que el gobierno iba a revisar el proceso de privatización de AENA, sin explicar que fórmulas usará, aunque sí aseguró qué buscaría implicar al conjunto del sistema aeroportuario y no sólo a estos dos aeropuertos.
El secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras Rafel Catalá, afirmaba el pasado martes tras las tomas de posesión de los nuevos altos cargos de Fomento, que el ministerio está en contacto con Aena y los posibles consorcios interesados “para decidir cuál es el modelo aeroportuario más adecuado”. La ministra de Fomento, Ana Pastor, también aseguró en su toma de posesión su interés por “redefinir el modelo de gestión aeroportuaria para hacerlo más eficaz”.
Abundando en esta dirección, la ministra Ana Pastor, en unas declaraciones efectuadas ayer en Onda Cero, apuntaba que "tiene todos los estudios sobre la mesa para diseñar los procesos necesarios", ante la finalización el próximo 31 de enero del plazo de presentación de ofertas, para que no se vendan "los activos en el peor momento posible de nuestra economía, como ha estado a punto de pasar".
Parece claro que el gobierno procederá a modificar, si no a cancelar definitivamente, el proceso actualmente en marcha. De momento, lo único seguro es que el próximo 31 de enero termina el plazo para que las siete concesiones que concursan presenten sus ofertas.