La Asociación Española de Couriers Internacionales, AECI, ha presentado un escrito de observaciones al anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en el que se opone a ciertas modificaciones de la Ley General Tributaria y de la Ley del IVA, que "van en contra de la normativa aduanera de la Unión Europea y atentan contra principios esenciales del derecho sancionador".
En primer lugar, el anteproyecto recoge la extensión a los representantes aduaneros de la responsabilidad por las deudas tributarias en concepto de IVA, lo que supone hacerlos responsables de las deudas por actuaciones de control realizadas por la Inspección después del levante. Se trata, por tanto, de "un cambio radical" que no queda justificado en la exposición de motivos de la norma.
En segundo lugar, se pretenden "incrementar de manera desmesurada" las sanciones mínimas por la infracción de normas de carácter formal. Esto dará lugar a una desproporcionalidad entre infracciones y sanciones, pasando de los 100 euros actuales a 600 euros por infracción, entre las que se incluye presentar una declaración incompleta o inexacta o no hacerlo en plazo.
Por último, cuando el representante aduanero que actúe en la modalidad de representación directa quiera solicitar la constitución de una garantía global, quedará obligado al pago de la deuda aduanera y tributaria que no haya sido satisfecha por el deudor o no haya podido ser recaudada en la ejecución de la garantía.
Sumar esfuerzos con Feteia y el Colegio de Agentes de Aduanas
Todo esto, según la Asociación, contradice anteriores disposiciones de la propia Agencia Tributaria y desdibuja el diferente tratamiento que ha de existir entre los representantes aduaneros que actúan con representación indirecta y los otros que actúan con la representación directa,que implica siempre que se actúa en nombre del representado.
Por todo ello, la AECI ha ha decidido aunar esfuerzos con el Colegio de Agentes de Aduanas y la Federación Española de Transitarios, Feteia, para dar a conocer "la grave situación" que se puede crear y ayudar a "dar marcha atrás en las modificaciones legales que se proponen" y que pueden hacer de la representación aduanera una actividad de alto riesgo.