Los ministros europeos de Economía y Finanzas reunidos en el Consejo Europeo han alcanzado esta semana un acuerdo con medidas detalladas necesarias para simplificar las normas del IVA que se aplican a las ventas de comercio electrónico, garantizando a la vez la contribución de este segmento a la lucha contra el fraude fiscal.
Con esta nueva regulación se garantizará una introducción fluida de las nuevas medidas en materia de IVA para el comercio electrónico acordadas en diciembre de 2017 y que entrarán en vigor en enero de 2021.
La Comisión Europea estima que este nuevo marco legal ayudará a los Estados miembros a recuperar los 5.000 millones de euros en ingresos fiscales que se pierden en el sector cada año, una cifra que se prevé que alcance los 7.000 millones en 2020.
De acuerdo con este nuevo marco, se considerará que los mercados de e-commerce actúan como vendedores cuando faciliten a consumidores en la UE la venta de bienes con un valor de hasta 150 euros por parte de empresas no radicadas en la UE que utilizan su plataforma, algo que también se aplicará cuando empresas no radicadas en la UE utilicen plataformas en línea para vender bienes desde centros logísticos en la UE, independientemente de su valor, lo que permitirá a las autoridades fiscales exigir el IVA adeudado por dichas ventas.
En este sentido, las plataformas en línea también deberán llevar registros de las ventas de bienes o servicios realizadas por las empresas que utilizan la plataforma.
Las normas acordadas hoy especifican con más detalle en qué casos se considera que los mercados electrónicos facilitan estas ventas y en qué casos se considera que no lo hacen, en función de si establecen o no las condiciones de la venta y de su participación en el pago o en el pedido y la entrega de los bienes. También detallan qué tipo de registros deben llevar las plataformas que facilitan el suministro de bienes o servicios a los clientes en la UE.
Estas nuevas normas sobre el IVA para el comercio electrónico se aplicarán a partir del 1 de enero de 2021 y los Estados miembros tendrán hasta finales de 2020 para incorporarlas a su legislación nacional.