El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona investiga un posible uso de falsos autónomos por parte de Glovo.
La acusación estima que la utilización de esta figura contractual le permitiría a la empresa de reparto reducir sus costes empresariales, según refiere Europa Press.
Esta reducción de costes se produciría al no tener que asumir los costes sociales de estos trabajadores que legalmente están inscritos en el régimen de trabajadores autónomos.
Precisamente estas prácticas son las que llevan tiempo generando controversia en el segmento del reparto urbano, incluso tras la aprobación definitiva de la 'Ley Rider' y al intento fallido de poner en marcha una Directiva que regule las condiciones laborales de los trabajadores que desarrollan su labor al amparo de plataformas digitales de reparto, tanto por su régimen de contratación, como por otros aspectos relacionados con los efectos de las aplicaciones móviles obre la privacidad de los repartidores, sus emolumentos y carga de trabajo, entre otros aspectos.
