Comisiones Obreras de Aragón ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por el supuesto uso de empresas interpuestas para vulnerar la legislación vigente, así como los derechos laborales y sindicales de sus repartidores.
La central sindical calcula que "más de 3.500 trabajadores en Zaragoza se ven afectados por estas prácticas fraudulentas".
Según el sindicato, desde septiembre de 2024, los trabajadores que anteriormente prestaban sus servicios como falsos autónomos para Glovo han sido contratados por una empresa de nueva constitución, Noriega Logistics, que la central sindicatl considera "una estructura diseñada para servir de intermediaria en la contratación de los repartidores", toda vez que "se creó apenas seis días antes del anuncio de Glovo sobre la modificación de su modelo de contratación".
Así mismo, Comisiones Obreras asegura que, en la práctica, las condiciones de trabajo de los repartidores de la plataforma no han cambiado, ya que "siguen realizando las mismas funciones, bajo las mismas condiciones y directrices, utilizan las mismas herramientas de trabajo proporcionadas por Glovo, incluidas la aplicación Glovo App, mochilas corporativas y bolsas de cartón de la marca".
Para el sindicato, "la relación laboral sigue dependiendo de Glovo, a pesar de la supuesta intermediación".
Por otro lado, la organización sindical argumenta que, "además de esta estrategia de cesión ilegal de trabajadores, se han detectado otras prácticas lesivas para los derechos laborales".
Entre ellas, la central asegura que a los repartidores "se les asigna una antigüedad ficticia con fecha de 2025, ignorando los años previos de trabajo en la empresa, se impone un período de prueba de treinta días a empleados que llevan años desempeñando la misma actividad, se les encuadra en el convenio colectivo de transportes de mercancías, mudanzas, guardamuebles y logística de Zaragoza, lo que limita el reconocimiento de complementos salariales y antigüedad".
Además, Comisiones Obreras asegura que "los trabajadores pierden derechos vinculados a la Seguridad Social y condiciones laborales previas" y que "la fragmentación de la plantilla bajo estas condiciones tiene un impacto directo en la representación sindical, impidiendo la elección de delegados sindicales, la formación de comités de empresa y la constitución de órganos de seguridad y salud laboral".
