La Comisión Europea impondrá a partir del 4 de julio aranceles de hasta el 38,1% a los vehículos de batería eléctrica importado desde China, tras concluir que los fabricantes del país gozan de una ventaja "desleal" por los subsidios que reciben. Esto supondría una amenaza, en su opinión, para los productores de vehículos eléctricos de batería de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario ha trasladado sus conclusiones a las autoridades chinas y reclamado una solución compatible con la Organización Mundial del Comercio. De no resolverse la situación en los próximos días, se empezarían a aplicar los aranceles.
En concreto, la Comisión Europea impondrá aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38,1% a SAIC. Otros fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación afrontarán un arancel del 21%, mientras que los que no han colaborado estarán sometidos a un 38,1%.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, como miembro de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Acea, considera que "el libre comercio es esencial para crear una industria automovilística europea competitiva a nivel global", al mismo tiempo que una competencia en igualdad de condiciones impulsa la innovación y las opciones para los consumidores.
Anfac defiende tradicionalmente la libre competencia en el mercado, proceda de dónde proceda una mercancía, siempre que todas las transacciones se realicen respetando la legislación vigente en el comercio internacional y que se haya producido en condiciones de igualdad.
En este sentido, recuerdan que el automóvil aporta anualmente más de 18.000 millones de euros de saldo comercial positivo a la economía española, por lo que "el futuro del sector pasa por la pervivencia de un mercado global y abierto". Del mismo modo, defienden que la Unión Europea, y especialmente España, desarrolle una política industrial fuerte que incentive la producción y fabricación de vehículos eléctricos y atraiga nuevas inversiones.
La investigación de la Comisión continuará durante varios meses hasta que se decida si se proponen medidas anti-subvenciones definitivas. A continuación, los Estados miembros votarán sobre dicha propuesta de la Comisión.
