Anfac ha presentado un informe que establece tanto un decálogo de recomendaciones para agilizar y facilitar el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público y privado en entornos urbanos, como una metodología para el cálculo de la potencia instalada que podría aplicarse a cualquier municipio de forma particular.
De esta forma, pretende facilitar una nueva herramienta para ayudar a las instituciones públicas a desarrollar los planes de movilidad urbana sostenible en las ciudades y complementar su propuesta para acelerar el despliegue de los puntos derecarga de acceso público en todos los segmentos del transporte por carretera.
En primer lugar, se recomienda a las entidades locales contar con un órgano de gobernanza que coordine las políticas de movilidad y urbanísticas a través de las distintas áreas de la administración afectadas, sobre la base de una planificación a largo plazo y un procedimiento de seguimiento definido. Esta planificación es necesaria para garantizar el despliegue de la electromovilidad, la eficacia de las medidas y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en materia de descarbonización, y para dar tranquilidad al ciudadano en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones.
Además, es recomendable el desarrollo de formación y procedimientos específicos para el personal municipal, así como su dimensionamiento, para favorecer y agilizar la tramitación de las autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga. También debe desarrollarse un marco regulatorio que permita conocer, de manera pública, la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y distribución de electricidad en la ciudad.
Por otro lado, las entidades locales deben enfocar bien, desde el punto de vista económico y técnico, las licitaciones de suelo público para la instalación y gestión de puntos de recarga por parte de empresas privadas, garantizando la máxima eficiencia y viabilidad de estos procesos. En quinto lugar, se recomienda que, en la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, las entidades locales introduzcan nuevos requerimientos para incluir el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos ligeros y pesados.
En sexto lugar, las entidades públicas deben analizar, planificar y favorecer la instalación de infraestructura de recarga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos, eliminándose en la medida de lo posible las barreras normativas y económicas para desplegar la infraestructura en estos espacios. Igualemente, se recomienda que las entidades locales modifiquen sus ordenanzas fiscales para hacer uso del marco de flexibilidad que ofrece el Real Decreto-ley 29/2021, que establece la posibilidad de que puedan desarrollar medidas en el ámbito fiscal para contribuir al despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Asimismo, se considera necesario incrementar los objetivos de vehículos limpios de contratación pública en 2030 hasta el 100% para turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses urbanos, y hasta el 50% para camiones. Esta recomendación se extiende también a lo referente a los puntos de recarga en los aparcamientos, aconsejando que la exigencia se amplíe a los aparcamientos adscritos a edificios de cualquier Administración Pública, llegando hasta el 50% de las plazas de aparcamiento con puntos de recarga a partir del 31 de diciembre de 2025 y el 100% en 2030.
En noveno lugar, es recomendable el desarrollo de campañas institucionales de concienciación en torno a la electromovilidad, debiendo éstas suponer un porcentaje mínimo obligatorio del presupuesto de Concienciación Ciudadana o de Medioambiente. Finalmente, la Asociación recomienda trabajar con sectores estratégicos vinculados a los municipios para favorecer, incentivar y potenciar el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en sus aparcamientos.
La regulación marca que antes del 1 de enero de 2023, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tienen que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas.
Cálculo de la potencia instalada necesaria
Junto a este decálogo, Anfac ha planteado una metodología para el cálculo de la potencia instalada necesaria de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en los municipios, que busca facilitar a las entidades públicas la planificación, seguimiento y monitorización de medidas que puedan favorecer el despliegue de la red de recarga.
Para elaborar esta metodología, se ha realizado un análisis del parque circulante de cada municipio, teniendo también en consideración sus circunstancias particulares, como la densidad de vehículos electrificados o el aumento del tráfico de manera diaria o por temporada turística, con el objetivo de calcular la potencia instalada de puntos de recarga de acceso público necesaria para dar servicio a todos los vehículos que circulan por el municipio.
Así, una ciudad como Madrid, con una elevada población y parque circulante, una elevada cuota de vehículo eléctrico puro e híbrido enchufable, y un porcentaje de viviendas con garaje privado similar pero inferior a la media española, debería fijar unos objetivos de potencia instalada de 259,47 MW en 2025, 823,85 MW en 2030 y 1.522,58 en 2035. A cierre de 2024, contaba con una potencia de 76,53 MW.
Zaragoza, una ciudad de tamaño medio y menor población, cuenta con una cuota de vehículo eléctrico puro e híbrido enchufable por debajo de la media nacional y un alto porcentaje de viviendas con garaje privado. Partiendo de una base de potencia instalada de 24,41 MW en 2024, el objetivo sería de 22,63 MW en 2025, que ya estaría cumplido, 102,1 MW en 2030 y 275,2 MW en 2035.
El informe plantea que es difícil establecer una estrategia única para desplegar la infraestructura de recarga de acceso público, por lo que se pueden llegar a tener tres tipos de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público distintos: un despliegue homogéneo con puntos con potencias relativamente bajas distribuidos por todo el territorio; un despliegue en hubs con puntos de mayor potencia ubicados en ciertas zonas concretas del territorio; o un despliegue mixto, combinando puntos de menor potencia distribuidos homogéneamente con zonas concretas con un gran número de puntos de recarga de alta potencia.
