La Alianza Europea de de Distribuidores y Reparadores de Automóviles ha remitido una carta a la Presidencia de la Unión Europea para solicitar la revisión urgente de las normativas de emisiones de CO2 para ajustarlas a las realidades del mercado actual.
En el escrito, se hace un llamado a la necesidad de implementar los ajustes legislativos necesarios para alinear las medidas y calendarios de la electrificación con las verdaderas tendencias del mercado. Así, la AECDR propone que se adelante la revisión de la normativa de objetivos de CO2, actualmente prevista para 2026 y 2027 en función del tipo de vehículo, hasta el año 2025.
De este modo, se podrán analizar las condiciones necesarias para establecer un calendario acorde a la situación actual y las perspectivas futuras, con el fin de asegurar la viabilidad y perennidad del tejido empresarial y una transición ordenada hacia la nueva movilidad.
Actualmente, los clientes siguen dudando respecto a los modelos eléctricos debido a los elevados costes, la rápida innovación y el bajo valor residual, la limitada autonomía y la falta de infraestructuras de recarga accesibles. La brecha entre los objetivos fijados y la realidad de la preparación del mercado es cada vez mayor, explican desde la Alianza, lo que deja claro que la industria no está preparada para cumplir las próximas exigencias normativas.
Además, denuncian que ya en 2025, las sanciones asociadas al incumplimiento de los objetivos, combinadas con los elevados costes de estos vehículos, contribuirán a reducir la producción, lo que afectará al número de vehículos que las redes comerciales pueden vender.
En línea con esta iniciativa, Faconauto, perteneciente también a la Asociación Europea de Concesionarios, ha enviado una carta a los europarlamentarios españoles, al Gobierno de España, a la oposición y a otras fuerzas políticas, solicitando su apoyo en este asunto. En ella, subraya que los ambiciosos objetivos de la legislación europea se enfrentan con la realidad del comportamiento del consumidor y la evolución de las ventas de los vehículos electrificados.
En su opinión, es importante dar una respuesta coordinada que permita defender los intereses de los concesionarios y asegurar un mercado más competitivo y preparado para la electrificación. Por ello, quiere sumarse al clamor del sector, en pro de un modelo legislativo que tenga en cuenta la realidad de una evolución hacia la electrificación seguramente imparable, pero que precisa de un periodo de transición más amplio y razonable.