El Parlamento Europeo y el Consejo han cerrado esta semana un acuerdo provisional sobre las normas de emisiones de CO2 para vehículos pesados.
En concreto, se ha fijado el objetivo de reducir aún más las emisiones de CO2 en el sector del transporte por carretera e introducir nuevos objetivos para 2030, 2035 y 2040.
Al tiempo, se aplicarán exencionesde los objetivos de reducción de CO2 establecidos en el reglamento a fabricantes de pequeño volumen y vehículos utilizados para la minería, la silvicultura y la agricultura, vehículos para uso de las fuerzas armadas y servicios de bomberos, así como para los de uso en protección civil, orden público y atención médica.
El acuerdo provisional también amplía el ámbito de aplicación del reglamento a vehículos profesionales como camiones de basura o hormigoneras de cara a 2035 y contempla la posibilidad de aplicarse también a camiones de menos de cinco toneladas.
Por otro lado, el acuerdo provisional también aborda la cuestión de los vehículos modernizados, es decir,vehículos convencionales convertidos en cero emisiones, lo que permite la transferencia de dichos vehículos entre fabricantes.
Como consecuencia, el acuerdo del Consejo y el Parlamentomantiene los objetivos fijados por la Comisión en su propuesta y que son de un 45% para 2030, de un 65% para 2035 y de un 90% para 2040, además del objetivo de reducción del 15% para 2025 que ya estaba previsto en el regulación vigente.
Estos objetivos se aplicarán a los camiones pesados de más de 7,5 toneladas y a los autocares, mientras que para los remolques serán de un 7,5% y para los semirremolques de un 10%.
El acuerdo también incluye la definición de 'e-trailers' para aportar claridad jurídica y adaptar la normativa existente a los avances técnicos en este nuevo tipo de semirremolque, considerando el potencial de los e-trailers para contribuir a reducir las emisiones de CO2.
Ahora este documento deberá ser adoptado finalmente por los órganos competentes de las dos instituciones comunitarias y si finalmente se aprueba será refrendado oficialmente antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE para establecer su entrada en vigor definitiva.
La Iru ha pedido a los Estados miembro de la Unión que rechacen este acuerdo que, a su juicio, es contrario a los principios fundamentales de la UE, como el de la libertad de empresa, al establecer límites en una actividad privada.
De igual manera, la organización internacional pide más apoyo público para que el sector pueda acometer con garantías de éxito su proceso de transición energética.
