La industria de la automoción continúa reclamando un mecanismo por fases que permita suavizar los estrictos límites de emisiones para 2025 y evitar así el riesgo de sanciones ante el estancamiento en la incorporación de vehículos eléctricos a las carreteras.
En concreto, los fabricantes de automóviles y furgonetas se enfrentan al riesgo de posibles multas de hasta 16.000 millones o a importantes costes si quieren cumplir con la normativa actual. Los fabricantes son también la única parte sujeta a cuantiosas multas por condiciones que escapan a su control, como el despliegue insuficiente de infraestructuras de recarga eléctrica o de hidrógeno.
Por ello, desde Acea, insisten en que la industria no puede esperar a que la Comisión concluya el Diálogo Estratégico sobre el futuro de la industria del automóvil para resolver la cuestión de las sanciones de 2025 porque las decisiones críticas de inversión se toman ahora, no dentro de unos meses.
Las soluciones que están sobre la mesa para los vehículos ligeros pasan por la flexibilidad y no por un giro de 180 grados en la política de descarbonización, explica Sigrid de Vries, directora general de la Asociación, que asegura que los fabricantes han destinado ya más de 250.000 millones a tecnologías de cero emisiones.
Teniendo en cuenta la situación específica del mercado de los vehículos ligeros y la difícil incorporación al mercado de las furgonetas electrificadas hasta el momento, deben introducirse medidas flexibles para este segmento con el fin de evitar el pago de sanciones.
No obstante, es crucial que si se adopta una solución a medida en 2025 para turismos y furgonetas, esto no impida una revisión completa de la normativa sobre CO2, lo que permitirá un debate más amplio sobre los ajustes estructurales y una estrategia más cohesionada para garantizar una transición ecológica y competitiva.
