En un análisis sobre el discurrir del transporte de mercancías por carretera en los próximos meses, como premisa cabe advertir que, dada la situación económica e internacional de la economía, así como de otros factores, como los efectos de la guerra de Ucrania, la realidad es que cualquier proyección es aventurada.
A mi juicio, existen demasiadas incógnitas para hacer una predicción, lo que se trasluce en que detecte una cierta inseguridad en lo económico, en un escenario de caída de la demanda del transporte de mercancías por carretera (del 2,8 % en el último trimestre de 2022), que parece va a continuar golpeado al sector, dado que, por mor de la inflación, la compra de bienes y servicios no parece que vaya a recuperarse.
Muchas son, pues, las cuestiones sobre las que se desconoce si van a ser o no realidad a corto y medio plazo, tales como, entre otras, la prórroga a partir de julio de las subvenciones por vehículo y al gasóleo (que como he expuesto en una reciente publicación, distorsionan la competencia entre empresas de más de 200 vehículos y las pequeñas y medianas), la aprobación de las 44 toneladas (y en su caso, las condiciones técnicas correspondientes), la regulación no terminada de la subcontratación (que es de muy difícil adecuación a Derecho), materia ésta de la que cabe observar que los cargadores, lógicamente por razón de una mejor calidad del servicio, cada vez exigen más que el transporte se realice con medios propios, etc.
De otro lado, el proyecto de Ley de Movilidad, ya anticipa que se establecerán peajes por utilización de la infraestructura, así como tasas de entrada por las Corporaciones locales en las zonas de bajas emisiones (lo que afectará al transporte ligero de reparto de mercancías), siendo difícil de determinar, dada la alta volatilidad existente, cómo se va a comportar el precio de la energía en los próximos meses, en especial de los carburantes.
[sumario]Muchas son las cuestiones sobre las que se desconoce si van a ser o no realidad a corto y medio plazo, tales como la prórroga de las subvenciones por vehículo y al gasóleo, la aprobación de las 44 toneladas o la regulación de la subcontratación.”[/sumario]
Y todo ello se circunscribe dentro de un ámbito lleno de enigmas sobre el modelo energético, ya que la prohibición a partir del 2035 de vehículos que no sean de cero emisiones, plantea un sinfín de problemáticas de casi imposible solución en plazo (puntos de recarga, etc). Esta problemática, sin duda, ha de afectar a los proyectos de inversión, pero con la dificultad añadida que se desconoce cuál vaya a ser el modelo que, en lo económico y comercial, pueda ser más acorde en torno a este futurible (electricidad, hidrógeno, sistemas híbridos, etc).
Así pues, puede aseverarse, que nos encontramos ante tiempos difíciles, en un entorno no favorable en lo económico, pero con la característica del peor de los elementos que pueden afectar a todo sector, cual es la inseguridad jurídica y la dificultad de predecir el desarrollo de la economía, en un espacio globalizado interdependiente, habida cuenta cómo se suceden los cambios y aparecen toda clase de nuevas circunstancias imprevistas.
