Desde los ministerios de Hacienda y de Fomento, así como en la Unión Europea, se ha dado el visto bueno para proceder a la privatización de las autopistas en quiebra, por lo que todo parece indicar que en los próximos días se procederá a la integración de las mismas en Seittsa, una empresa pública del Ministerio de Fomento que actualmente no realiza actividad alguna.
Así pues, alcanzado ya un preacuerdo con los principales bancos españoles, reunidos en torno al llamado G6, la clave reside ahora conocer la posición que tome la banca acreedora extranjera.
La quita del 50% aceptada por la banca española no lo ha sido por la extrajera, bancos que han indicado en varias ocasiones la posibilidad de reclamar un arbitraje internacional.
Otra posibilidad sería la de que el Gobierno integrase en la sociedad pública sólo aquellas en las que la banca española es mayoría entre los acreedores. Sin embargo, en el caso de la M-12 de Madrid no es así, por lo que podría quedar fuera.
Aunque desde Fomento se mantiene la postura de que ninguna autopista en quiebra puede ser excluida de la negociación, cabe recordar que el Ministerio también planteó que todas las autopistas que estuviesen en dificultades fueran acogidas antes de llegar al concurso de acreedores. Sin embargo, ningún organismo ha señalado en las últimas semanas que las mismas se encuentren en las negociaciones.
El hecho que puede provocar la precipitación del proyecto en los próximos días, es la convocatoria de la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda para el próximo día 19 de septiembre, cuya entrada en liquidación se daba casi por segura en junio, cuando la reunión de la junta terminó aplazándose ante las negociaciones abiertas por Fomento.