El Ministerio de Transportes ha adjudicado por cuatro millones, IVA incluido, un contrato para evaluar la Red de Carreteras del Estado ante el riesgo de inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos, como los provocados por la dana.
Este contrato, que se licitó a finales de marzo, se financiará a través de los fondos NextGenerationUE del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se pretende con ello estudiar los riesgos de origen hidrológico, así como desarrollar una serie de instrumentos para mejorar la gestión de las inundaciones.
En lo que se refiere a las carreteras, los riesgos de origen hidrológico pueden conllevar una acumulación de agua en la calzada que imposibilite la circulación en condiciones de seguridad y deje fuera de servicio un determinado tramo, así como el deterioro o fallo de determinados elementos y estructuras pertenecientes a la red.
El contrato se ha dividido en dos lotes por territorios. El primero, con un importe de adjudicación de 2,03 millones, afecta a Asturias, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid, Cantabria y La Rioja, y el segundo, que asciende a 1,93 millones, a Aragón, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha.
El objeto de este contrato es el análisis de riesgos de origen hidrológico y la implementación de sistemas de alerta, incluyendo un estudio sobre inundabilidad de las carreteras. Su articulación se hace basándose en la identificación de puntos críticos llamados ‘Puntos Inundables de Referencia’, cuyos sistemas de drenaje pueden resultar insuficientes en casos meteorológicos extremos.
También se procederá a la elaboración de directrices técnicas para mejorar la gestión de las inundaciones. Esta parte busca conseguir una adecuada coordinación entre los distintos organismos envueltos en la gestión de las inundaciones, así como definir y estructurar las actuaciones para evitar o minimizar la afección a las carreteras.
Los trabajos que se incluyen en el contrato se dividirán en dos fases. La primera consiste en analizar los riesgos de origen hidrológico e implementar sistemas de alerta, y la segunda consistiría en la elaboración de directrices técnicas para mejorar la gestión de las inundaciones, con directrices para la elaboración de protocolos territoriales de coordinación y una nota técnica de inundabilidad.