El Gobierno central y la Generalitat Valenciana han acordado esta semana elaborar un plan global de emergencia para coordinar la recuperación de la movilidad y de las infraestructuras básicas de la provincia de Valencia dañadas tras la dana del pasado 29 de octubre.
Una primera estimación provisional de los estragos que ha dejado las avenidas de agua cuantifica en 2.600 millones de euros la inversión necesaria para restaurar la zona.
Por lo que respecta a los trabajos en marcha, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha habilitado todos los carriles de la V-30, V-31, A-3 y de la A-7 al norte de la A-3 y avanza en los trabajos de reconstrucción de la N-330, la N-322 y de la A-7, donde se trabaja en la construcción del desvío provisional de la A-7, con limitaciones de velocidad, para permitir los movimientos con la A-3.
En concreto, ya se está ejecutando el hormigonado para la posterior instalación de los 250 marcos que conformarán el by-pass sur provisional de la A-7.
En la N-330, una de las vías más dañadas, se han iniciado los trabajos previos para la construcción de los pontones provisionales en los kilómetros 194 y 236 de la N-330 y para la construcción de un pontón definitivo en el km 230.
A su vez, la Generalitat Valenciana ha empezado a actuar en la reparación o construcción de al menos nueve estructuras.Con más detalle, las intervenciones afectan a dos puentes en la autovía CV-36 y otros dos en la CV-33. Además, es necesario acondicionar diferentes carreteras autonómicas que han sufrido inundaciones, con especial atención a la CV-50 y la CV-400, desde donde ya se han retirado vehículos.
La Generalitat pide casi 10.000 millones de euros para recuperar totalmente infraestructuras y polígonos
Por otra parte, la Generalitat Valenciana ha acordado esta misma semana también solicitar al Gobierno central un primer paquete de medidas que cifra en 31.402 millones de euros repartidas en 136 medidas diferentes.
De ellas, el Ejecutivo autónomico pide una línea de ayudas para la reconstrucción inmediata de las infraestructuras públicas de 2.687,45 millones de euros y de otras ayudas para la reconstrucción de las áreas industriales y polígonos por valor de 7.000 millones de euros.