Desde que el Consejo de Ministros la remitiera al Congreso de los Diputados a mediados de febrero para su tramitación por la vía de urgencia, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible sigue dormitando en la Cámara Baja y acumulando hasta 16 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, que en este último caso permanece abierto hasta las seis de la tarde del próximo 19 de junio.
La situación da cuenta a las claras de las dificultades que se está encontrando esta norma para alcanzar un respaldo suficiente que le permita salir adelante.
Se esperaba que tras las tres citas electorales de este año, los diputados aceleraran la tramitación de esta iniciativa, pero no parece que esté sucediendo tal cosa, aunque, visto el panorama político español en estos momentos, todo puede pasar antes de que el Congreso cierre el actual período de sesiones el próximo 27 de junio.
Consecuentemente, todo parece apuntar a que el proyecto quedará pendiente de que el Congreso lo retome en septiembre con la intención de que entre en vigor el año que viene, tal y como pretende el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Una norma para las nuevas necesidades del transporte
La futura ley constituirá, según el Gobierno, el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las nuevas necesidades de movilidad y transporte, especialmente en aspectos clave como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
De manera particular, la norma propone cuatro pilares para el nuevo marco regulatorio del transporte y la movilidad. El primero de ellos es que, por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar.
En segundo lugar, la norma se propone avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Así mismo, se propone un sistema digital e innovador con la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad en el que empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos.
Por último, la Ley incluirá herramientas para mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública.
De manera particular, el transporte de mercancías por carretera también espera que la norma impulse a partir de 2026 la digitalización de la documentación de la carga, especialmente de la carta de porte.