El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado una orden ministerial por la que se desarrolla el mecanismo de fomento de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte.
La orden establece las bases para alcanzar el objetivo de renovables de 2030 e incluye por primera vez los sectores de la aviación y la navegación, así como el biogás, el hidrógeno y otros combustibles renovables de origen no biológico, priorizándolos frente al transporte por carretera y los biocarburantes tradicionales.
Igualmente, refuerza y flexibiliza el Sistema de Certificación de Biocarburantes y la Plataforma SICBIOS para realizar los cálculos para el cumplimiento de los objetivos anuales de combustible renovable en el transporte.
La regulación europea establece que la energía renovable debe representar al menos un 29% de la demanda para transporte al final de la década. El ordenamiento jurídico español establece una senda creciente de penetración para cumplir ese objetivo, centrada hasta ahora en biodiésel y bioetanol, que deben alcanzar un 12% en 2026.
La orden publicada no modifica esa línea marcada, pero potencia las energías renovables en el transporte, en detrimento de los combustibles fósiles, introduciendo varias mejoras, entre ellas la trasposición de varias disposiciones europeas con anticipación a los horizontes de aplicación previstos en ellas.
Biogás, hidrógeno y combustibles renovables de origen no biológico
A partir de 2025, el biogás, el hidrógeno y los combustibles renovables de origen no biológico podrán computar para el cálculo de cumplimiento de los objetivos, junto con el biodiésel y el bioetanol, pero para fomentar su producción y consumo, cada unidad energética puesta en el mercado se valorará el doble que la de éstos.
También desde 2024 se incluyen en el cálculo de dichos objetivos europeos los sectores de la aviación y la navegación, junto con el transporte por carretera, pero cada unidad energética consumida en el aire o en el mar tendrá un multiplicador de 1,2 sobre la consumida en tierra firme, incentivando la producción de combustibles renovables en sectores de difícil electrificación.
Estas medidas refuerzan la seguridad jurídica y potencian los proyectos en curso en España, en ámbitos como la producción de SAF, donde se prevé una capacidad de 1,6 millones de toneladas para 2030, o de e-metanol para buques, con varias iniciativas que convertirán los puertos españoles en referentes internacionales.
La orden, por cierto, elimina la posibilidad de cumplir los objetivos de renovables en transporte mediante el consumo de biocombustibles obtenidos a partir de materias primas con alto riesgo de cambio de uso de la tierra a partir de 2025.
Finalmente, se modifica el sistema de Garantías de Origen de los gases renovables, de modo que podrán incorporar criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones de CO2, así como los requisitos para contabilizar como renovable la electricidad empleada para obtener combustibles renovables de origen no biológico.