Las numerosas protestas de agricultores en toda Europa han perturbado gravemente las cadenas logísticas, bloqueando rutas clave, atacando camiones y destruyendo cargas, a menudo con la policía como testigo pasivo, según denuncia la Organización Internacional para el Transporte por Carretera, IRU.
La oleada de movilizaciones de los últimos meses utiliza tácticas similares: bloquear rutas comerciales, incluidas autopistas, fronteras, centros de distribución y puertos, para interrumpir el transporte.
Los conductores quedan así atrapados en la carretera durante largos períodos, sin acceso a alimentos, agua ni instalaciones sanitarias. Por su parte, las mercancías se entregan con enormes retrasos.
El coste para los conductores y las empresas de transporte ya es enorme y va en aumento, explican desde IRU, que ha pedido a la UE y a las autoridades nacionales que hagan más para mantener abiertas las rutas vitales para el comercio y la movilidad.
El coste medio para el conductor u operador de un camión bloqueado es de aproximadamente 100 euros por hora, algo que afecta especialmente a los autónomos y pymes. Además, las protestas se han vuelto cada vez más violentas, sobre todo en Francia, con camiones y conductores atacados por manifestantes enmascarados que dañan los vehículos y destruyen la carga, especialmente los alimentos.
Lamentablemente, los manifestantes atacan sobre todo a camiones de matrícula extranjera. El valor de la carga varía mucho, pero un camión puede transportar alimentos valorados en 100.000 euros o más, y el seguro no cubre los daños porque los disturbios están excluidos en la mayoría de las pólizas.
Desde la Organización, sostienen que "todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no a amenazar a los conductores, atacar camiones y destruir propiedades. Y si se producen costosos retrasos, ataques y destrucción, alguien debe pagar por ello".
Procesos de reclamación
En su opinión, la incapacidad de los Gobiernos para actuar y proteger el Estado de Derecho se demuestra a menudo con imágenes de policías que están presentes en el lugar de los hechos pero no intentan detener los daños criminales.
Por ello, recuerdan que los Gobiernos tienen el deber de asegurar la libre circulación de mercancías y garantizar la seguridad de los conductores y su carga: "La ruptura sistémica de la autoridad y el orden que se observa en estas protestas plantea la legítima reclamación de las víctimas -los transportistas- a los gobiernos para que les compensen por sus pérdidas".
Así, desde IRU concluyen que "si los Gobiernos no cumplen su función protectora, tienen que pagar por los daños. Nadie más lo hará". Los operadores de transporte necesitan, por tanto, procesos sencillos y transparentes para reclamar indemnizaciones.