El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una moción consecuencia de interpelación urgente a iniciativa del Grupo Republicano en la que reclama al Gobierno que actúe contra la precariedad laboral y económica del sector del transporte de mercancías por carretera.
Así, de primeras, parecería que esta iniciativa parlamentaria tiene cierta enjundia. Sin embargo, su debate se produjo en un hemiciclo desangelado, prácticamente vacío y con intervenciones ciertamente incongruentes, salvo alguna excepción, que daban la verdadera medida de lo poco que importa el transporte de mercancías para la Cámara Baja y para el Gobierno, pese a las manidas y reiterativas alusiones al papel estratégico del sector que se hicieron desde la tribuna de oradores.
Concretamente esta actuación parlamentaria pide que se incluya una cláusula obligatoria en los contratos de transporte que garantice indemnización por paralización a partir de la primera hora de espera en las cargas y descargas, que se imponga un plazo máximo de pago de treinta días desde la fecha de factura, sin posibilidad de pactos que lo extiendan y que se impida que los conductores realicen labores de carga y descarga, eliminando la posibilidad de pactos en contra.
Así mismo, la iniciativa también reclama la jubilación de los profesionales del sector del transporte de mercancías por carretera a los 60 años, con posibilidad de hacerlo a los 58 mediante coeficientes reductores y que se realicen las modificaciones necesarias en el cuadro de enfermedades profesionales y demás normativa en materia laboral y de Seguridad Social para garantizar que todos aquellos accidentes y enfermedades relacionadas con las jornadas de trabajo de los profesionales del sector del transporte por carretera sean reconocidos como derivados de contingencias profesionales.
De igual manera, en el texto aprobado también se solictan medidas para garantizar la vigilancia en los polígonos y áreas de servicios para prevenir robos a camiones y mercancías, habilitar áreas cómodas y adecuadas en los centros de carga y descarga que incluyan zonas para descanso, alimentación, limpieza y la gestión de documentos, aumentar la inspección para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente sobre cabotaje, así como para regular y sancionar a las grandes empresas que tributan fuera de España para evitar que operen con ventajas injustas frente a las que cumplen sus obligaciones fiscales.
También formaba parte de la moción consecuencia de interpelación urgente, una petición para cambiar la composición del Comité Nacional con el fin de potenciar la presencia de autónomos y pequeñas empresas que el Congreso finalmente no ha sacado adelante.