La Comisión Europea ha iniciado acciones contra España y otros quince países de la UE por no volcar en tiempo y forma en sus ordenamientos jurídicos nacionales la Directiva 2022/362 que introduce cambios en la regulación de los peajes y viñetas por el uso de las infraestructuras viarias en la Unión.
En concreto, la norma incluye a turismos y vehículos comerciales, al tiempo que impulsa la internalización de los costes externos relacionados con la contaminación e introduce un nuevo sistema que exige a los Estados miembros imponer pagos basados en las emisiones de CO2 a los vehículos pesados.
Con ello, el colegio europeo de comisarios estima que la medida contribuye a descarbonizar el transporte de mercancías por carretera fomentando el despliegue de vehículos pesados con menores emisiones de CO2.
Además de España, también Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia no han comunicado la plena transposición al derecho nacional de la Directiva dentro del plazo, que finalzó el pasado 25 de marzo.
Así pues, la Comisión Europea ha remitido a todos estos Estados miembro una carta informándoles de la situación. Ahora cada uno de ellos tiene dos meses de plazo para responder a la misiva, exponiendo los motivos por los que no ha procedido a la transposición de la Directiva o, en caso de que falta de réplica, el colegio de comisarios podría iniciar acciones de sanción.