CETM La Rioja llevará el ‘caso Royo’ ante la Comisión Europea

La Asociación emprenderá acciones penales por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, administración desleal, falsedad documental y otros que pudieran averiguarse durante la instrucción.

29/08/2024 a las 13:51 h
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CETM La Rioja denunciará ante la Comisión Europea el ‘caso Royo’, al entender que Transportes Royo recibió ayudas públicas "incompatibles con el mercado interior y que amenazan la competencia", algo prohibido expresamente por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La Asociación extrae esta conclusión tanto de la auditoría realizada por la consultora KPMG así como del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja, que indican que Royo recibió del anterior gobierno autonómico de La Rioja una subvención encubierta por importe de 3.650.000 euros para la puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal de La Rioja.

Se habría vulnerado, explican, la normativa de ayudas públicas, que trata de impedir que los entes públicos puedan favorecer a determinadas empresas en detrimento de sus competidoras. En este sentido, CETM La Rioja indica que "no solo se ha beneficiado exclusivamente a Royo, construyéndose con cargo a fondos públicos una estación intermodal que después se le entrega gratuitamente sin ningún tipo de contraprestación, sino que además desde que entró en funcionamiento este CLIR, ninguna empresa de transportes, excepto Royo, ha podido utilizar la infraestructura multimodal".

Así, aseguran que pese a construirse con cerca de cuatro millones de euros de los contribuyentes, se trata del único centro intermodal en territorio nacional que está "vetado al uso de terceros" y la única estación de transporte multimodal que "no dispone de unas tarifas públicas" que permitan el pago por su uso.

Igualmente, los informes de KPMG y el Consejo Consultivo de La Rioja concluyeron que en la operación se vulneró la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Fundaciones, por lo que CETM La Rioja emprenderá acciones penales por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, administración desleal, falsedad documental y otros que pudieran averiguarse durante la instrucción.