Cada país de la Unión Europea está empezando a tomar decisiones unilaterales que afectan de manera negativa al desarrollo de una actividad fundamental como es el transporte de mercancías por carretera.
Hemos visto como Bélgica, Francia o Alemania tratan de proteger a sus empresas de transporte ante la competencia feroz que estamos sufriendo por parte de las empresas de transporte con enormes flotas establecidas en países del este de Europa como Rumanía, Bulgaria o Lituania, países con costes salariales mucho más bajos, una Seguridad Social infinitamente más barata y un nulo control de los órganos de inspección de la administración de estos países.
Ello está propiciando el denominado dumping social y la creación en esos países de empresas buzón.
En España, parece que no estamos viendo esto porque no se adoptan las medidas oportunas por parte del Gobierno -en funciones formalmente desde hace cinco meses- pero sin actividad alguna por lo que se refiere al transporte por carretera, desde hace más de dos años.
Baste con citar el nuevo Reglamento de Ordenación del Transporte, metido en un cajón del Ministerio criando polvo más o menos este tiempo, o la no trasposición de la Directiva Comunitaria de 2014 sobre desplazamiento de trabajadores, que es el primer paso para hacer frente al dumping social, cuyo plazo para ello vencerá el 16 de junio y que España incumplirá por la negligencia de sus gobernantes, más preocupados por ver quién manda que en resolver problemas.
Eso sí, si las poderosas organizaciones de cargadores necesitan abaratar sus costes a costa del transportista, el Gobierno en funciones les hace una chapuza de norma para autorizar la circulación de los mega camiones, que no superaron las pruebas oficiales realizadas en el puerto de Somosierra y que se han ocultado a la opinión pública.
Mientras tanto, los transportistas sufriendo las consecuencias de este dislate al que se ven sometidos por las decisiones adoptadas por estos paísesque realizan interpretaciones unilaterales del Reglamento CE sobre tiempos de conducción y descanso o exigen a las empresas de transporte internacional que paguen a sus conductores el salario mínimo vigente en dicho país por el simple hecho de transitar por él.
Ahora, se suman los italianos que exigen al transportista internacional que lleve a bordo del vehículo la carta de porte del último servicio realizado, aunque circule en vacío, de lo contrario, 4.130 euros de sanción, tres meses de inmovilización del vehículo y otra serie de gabelas adicionales como el astronómico costo del parking o el traslado del vehículo al mismo. No es broma.
Y el transportista, viendo cómo se violan una y otra vez sus derechos, sin que nadie haga algo al respecto.
Europa no es Burundi, ni Guinea, pero sus políticos están haciendo oposiciones para que lo parezca.
Manuel Pérezcarro Martín
Secretario general de Froet
