El cierre de las autopistas cuyas concesiones están llegando a su fin ha sido una buena noticia para muchos, pero también puede dejar sin empleo a numerosos trabajadores, que reclaman que se les reubique en otro tipo de tareas.
La concesión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, actualmente en manos de Europistas, finaliza el 30 de noviembre. Esto ha llevado a la empresa a presentar un ERE para todo la plantilla, que debería estar resuelto para el 15 de noviembre.
En cuanto al mantenimiento de la vía y la seguridad de los usuarios, Fomento optará por un contrato de conservación integral. Sin embargo, desde UGT reclaman que una vez eliminado el peaje, se mantengan los empleos en tareas relacionadas con la conservación, vialidad y seguridad a través de la subrogación en la contrata que suceda a la concesionaria.
La citada subrogación contractuales, según el sindicato, "una obligación impuesta por vía legal, convencional y, también, ex pliegos". Sin embargo, en este caso, no es posible porque el contrato de conservación integral aún no existe.
Climatología adversa
Para la organización sindical, se trata de "una auténtica imprudencia", ya que la climatología adversa en los meses de invierno puede hacer estragos en este tramo, pese a que los trabajadores están preparados y la maquinaria e instalaciones también.
Se encuentran, según dicen, en "un callejón sin salida", dado que su empresa desaparece, pero no existe ningún proceso de contratación de la que debe sucederle. En este sentido, los empleados "no deberían pagar la precipitación" con la que está abordando el primer proceso de liquidación de una autopista de peaje.
De hecho, el sindicato estima que se perderán 1.300 empleos con el progresivo cierre de la AP-7, la AP-4 y la C-33, en Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía y Valencia. Por ello, reclaman a Fomento el cumplimiento de los compromisos adquiridos y exigen al ministro, José Luis ÁBalos, que no permita la desaparición de ningún puesto de trabajo.