El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya ha puesto en marcha el nuevo modelo de inversión público-privada en carreteras para abordar las actuaciones que necesita la red estatal.
Estas actuaciones permitirán mejorar la capacidad, funcionalidad, seguridad y nivel de servicio, además de reducir las emisiones de CO2 y los niveles de ruido, y contribuir a completar corredores multimodales de la Red Transeuropea.
También servirán para garantizar las inversiones necesarias en conservación y seguridad vial, así como para favorecer la transformación digital de la red, la implantación de sistemas inteligentes de transporte, aparcamientos seguros y puntos de recarga para vehículo eléctrico y combustibles alternativos.
En el marco de este nuevo modelo, Transportes someterá a información pública el estudio de viabilidad de la concesión para la mejora de la autovía del Mediterráneo A-7 entre Crevillente, en Alicante, y Murcia, como paso previo para la licitación del contrato de concesión de la ejecución, conservación y explotación en este tramo.
Liberación de la AP-7 y la AP-2
Por otro lado, el ministro ha subrayado que se mantiene el compromiso de no prorrogar las concesiones con pago directo del usuario y que, por tanto, el próximo mes de agosto, tras más de medio siglo de concesión y casi 20 años de prórrogas, quedará liberado el tramo restante de la AP-7 entre La Jonquera y Tarragona y la AP-2 entre Zaragoza y el Vendrell.
Desde el Ministerio, ya trabajan en el estudio de necesidades tras la liberación y está preparando la licitación de los futuros contratos de conservación y explotación y de un nuevo centro de operaciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Los usuarios de estos 474 km de autopista, por la que pasan más de 13 millones de vehículos cada año, dejarán de pagar unos 500 millones de euros al año por su uso y se reducirán en un 40% los kilómetros de Red de Carreteras del Estado con pago directo por el usuario.