Con un año de retraso en el cumplimiento de los plazos máximos, el pasado mes de abril se publicó el Real Decreto que transpone la Directiva Europea del año 2018 que regula la formación CAPde los conductores profesionales.
El nuevo Real Decreto debía contemplar la teleformación como complemento a la formación presencial, pero en su articulado condiciona su implementación a la conformidad con las especificaciones que deben establecerse reglamentariamente por parte del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en relación a la formación CAP Inicial y a un futuro desarrollo normativo mediante la publicación de una OM que regulará la formación CAP Continua.
"Han transcurrido 18 meses desde la fecha en que tendría que haberse publicación el nuevo RD CAP y, a día de hoy, el Ministerio de Transportes sigue sin desarrollar la normativa que permitirá la teleformación en los cursos CAP causando un grave perjuicio al sector del transporte, que esta viviendo sus peores momentos por la falta de personal para llevar sus camiones o autobuses", denuncian desde la Academia del Transportista.
Además, el perjuicio también afecta a los conductores profesionales, ya que el retraso en poder cursar el CAP en teleformación "les afecta en su vida personal, familiar, social y profesional", añaden.
Luis Miguel Soto, consejero delegado de Academia del Transportista, recuerda que los conductores "son la parte esencial de la cadena del transportes, que la mejora de su formación con las ventajas del e-Learning facilitará el avance en los procesos de digitalización e innovación de sus empresas y que el aumento de conductores cualificados permitirá cubrir la necesidad urgente de estos profesionales".
Según Soto, este retraso "supone una agravio sinsentido que no tiene más explicación que la falta de empatía con las personas que desempeñan o quieren desempeñar esta profesión. Cuesta creer que por un lado la Agenda Digital y todas las estrategias educativas potencien las metodologías e-Learning y que el Mitma, por otro lado, siga dilatando su implementación sin argumentos que legitimen su dilación legislativa", concluye.