Reducir la siniestralidad en las carreteras continúa siendo el objetivo prioritario de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre todo en las carreteras convencionales, donde se han dejado la vida 147 de las 166 personas que han fallecido en accidente de tráfico durante los dos primeros meses de 2015.
Por este motivo, la DGT ha reactivado el Plan Integral de Vigilancia, que en su primera edición, llevada a cabo en diciembre de 2014,tramitó un total de 104.561 denuncias, siendo multados 62.457 conductores por exceso de velocidad y 1.284 conductores por la comisión de otra infracción.
Durante la campaña ahora puesta en marcha se vigilará la velocidad, el alcohol y las drogas por ser los comportamientos de mayor riesgo tanto por separado como combinados.
Con este fin, la DGT ha desplegado 1.800 patrullas de agentes y 12 helicópteros, de los cuales seis equipan ya el sistema de radar Pegasus para la detección desde el aire de infracciones a los límites de velocidad.
Sanciones con penas de prisión
Cuando un conductor sea detectado cometiendo una infracción de exceso de velocidad, será parado e identificado. Los agentes de la Agrupación de Tráfico también le realizarán, si lo consideran necesario, las pruebas de detección de alcohol y drogas, así como una revisión de la documentación, para comprobar que tanto el permiso para conducir, ITV y seguro del vehículo se encuentran en regla y si el estado general del vehículo es el correcto para la circulación.
En lo que respecta a la cuantía de las sanciones, el exceso de velocidad puede ser sancionado con multa desde 100 a 600 euros y la pérdida de entre dos y seis puntos, mientras que si el conductor es sorprendido habiendo ingerido alcohol por encima de lo permitido también será sancionado con 500 euros y cuatro puntos.
Además, si el conductor sancionado es reincidente o dobla la tasa máxima de alcohol permitida la multa será de 1.000 euros y la detracción de seis puntos, la misma sanción que se contempla para el consumo de drogas al volante. Estas conductas también pueden, según el grado, convertirse en delitos contra la seguridad vial, contemplados en el Código Penal con penas de prisión y privación del permiso para conducir.