Vuelta la burra al trigo. Más cuando le sale gratis y le permite mantener la llama de un movimiento cuyo recorrido aboca al conflicto.
Precisamente cuando el nuevo Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos apenas se ha conformado, la organización separatista Tsunami Democràtic ha llamado a una "segunda ola" de "acciones de protesta no violenta y de desobediencia civil masiva", hasta que lo que tilda de "reclamaciones mayoritarias de la sociedad catalana" no sean atendidas.
En definitiva, con esta "nueva fase de protestas", como lo califica el movimiento, se avecinan próximos cortes de carretera y manifestaciones que, casi con total seguridad, volverán a suponer alteraciones de la circulación para las empresas de transporte y de distribución con actividad en territorio catalán o que necesariamente tengan que pasar por el territorio de esta comunidad autónoma para poder alcanzar otros destinos en Europa.
En este sentido, habrá que ver también qué papel juegan las administraciones públicas nacional y regional. De estas últimas no se esperan cambios, mientras los socios de gobierno viven un proceso de sordo enfrentamiento. Por lo que respecta a la Administración central, la movilización separatista servirá para medir tanto la postura de un Ejecutivo que depende en cierta medida del apoyo de fuerzas independentistas catalanas.
Por otra parte, el propio sector se ha puesto la venda antes de la herida con la denuncia presentada por el Comité Nacional por los daños causados a las empresas de transporte debidos a los cortes en las carreteras catalanas que ya investiga la Guardia Civil.