Sacyr, la constructora española que encabeza el consorcio 'Unidos por el Canal', pretende iniciar un proceso de negociación para "acortar lo máximo posible" los plazos de los procedimientos de resolución de las reclamaciones por los sobrecostes e imprevistos surgidos durante la construcción del nuevo Canal de Panamá, que ascienden a aproximadamente 5.400 millones de euros.
La compañía espera que este año se solventen dos de las reclamaciones presentadas, que hacen referencia a la construcción de una presa en la costa del Pacífico que inicialmente no estaba contemplada en el contrato, y a las operaciones relacionadas con las compuertas del Canal, inaugurado en junio de 2016.
La constructora, que ha manifestado que el resto de reclamaciones están en proceso, calcula que la resolución final de todas estas solicitudes podría completarse en un periodo de unos seis años, que finalizaría en 2022, aunque han declarado que buscarán acortar este plazo apelando a la negociación.
El contrato contempla tres instancias para resolver las reclamaciones que las constructoras de las obras empezaron a realizar en 2011, dos años después de lograr la obra.
En caso de que el consorcio, en el que se integran también la empresa italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, lograra que se aceptaran todas sus peticiones, la ampliación del Canal de Panamá costará tres veces más que el importe de 3.000 millones de euros por el que las actuaciones fueron adjudicadas.