El año 2019 terminaba con un clima de incertidumbre en el sector marítimo, preocupado por la influencia de los nuevos límites de azufre tanto en los precios de los combustibles como en los fletes marítimos, algo muy difícil de calcular o predecir antes de que la norma entrara en vigor.
Desde la Asociación de Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona han querido destacar los beneficios medioambientales de la nueva regulación de la Organización Marítima Internacional, pese al impacto que supondrá para el sector marítimo, las refinerías y los proveedores de combustible.
En línea con los objetivos de la OMI, que busca reducir las emisiones de CO2 en un 50% para 2050, la Cámara Internacional de Navegación adoptará nuevas normas en 2020 enfocadas en la eficiencia operativa del combustible y la optimización de la velocidad.
Por su parte, Bimco ha propuesto la creación de un Consejo Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimo, supervisado directamente por los miembros de la OMI y financiado por navieras de todo el mundo.
España ya se ha convertido en todo un referente en el ámbito de la reducción de emisiones. Como ejemplo, a lo largo de 2019, se han efectuado un total de 134 operaciones de bunkering de GNL, en las que se han suministrado a los buques un total de 72.392 m³.
Planes para 2020
En otro orden de cosas, los puertos del país, que tendrán que hacer frente en 2020 al pago del Impuesto de Sociedades, han hecho balance del año y han aprovechado para presentar sus planes estratégicos. Es el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares, que centrará sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico, o la de Castellón, que prevé inversiones de 21 millones a lo largo del año.
También el puerto de Algeciras ha aprobado su Plan de Empresa, que recoge un volumen de inversión de 233 millones para los próximos cuatro años, mientras el de Huelva contempla dedicar 87,2 millones a proyectos de infraestructuras, innovación, sostenibilidad, diversificación y acercamiento puerto-ciudad.
La instalación onubense, que ha encargado un estudio para mejorar su competitividad en el mercado de los graneles sólidos, ha recibido una solicitud de Cepsa para poner en servicio una terminal de graneles líquidos. En su caso, Bergé Marítima explotará la de graneles sólidos del puerto de Bilbao y ha solicitado un espacio con la misma finalidad en el de Gijón.
En Galicia, el puerto de Vigo ha sacado a concurso una superficie donde se ubicará una nueva terminal de mercancía general no contenerizada. Mientras, la Autoridad Portuaria acelera los trámites para la puesta en marcha de la línea con Irlandaen el primer semestre de 2020.
En cuanto a los próximos planes del puerto de Valencia, pasan por la liberación de espacio portuario en la zona norte y la prolongación del vial de acceso a la explanada. También se ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión de precintos para reducir las colas de los transportistas.
Respecto a la ZAL, en diciembre se ha publicado el pliego de condiciones para la adjudicación de tres parcelas, poco antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimara de nuevo un recurso contra este espacio. También se ha presentado ya el proyecto de la ZAL de Tarragona, que supondrá una inversión de más de 30 millones en cuatro años.
Otros avances portuarios
En el sur de España, el puerto de Cádiz sigue avanzando en la delimitación de usos y espacios portuarios, y afronta ya la fase final del acceso ferroviario a La Cabezuela, una dársena en la que está previsto invertir dos millones para reducir el impacto ambiental de las operaciones.
Además, la Autoridad Portuaria ha iniciado los trámites para entrar a formar parte de la red básica de la Red TEN-T, y Fomento ha prorrogado a Trasmediterránea el contrato para cubrir las conexiones de servicio público con Canarias. En este sentido, conviene destacar que el Grupo Armas Trasmediterránea ya tiene operativa su terminal de pasajeros y carga rodada en Las Palmas.
Por otro lado, el puerto de Ceuta ha recibido el primer barco autónomo de España, diseñado para operar en servicios de seguridad, eliminación de vertidos, lucha contra la inmigración ilegal y narcotráfico, y antiterrorismo.
No obstante, la instalación también ha sido noticia, junto a la de Algeciras, tras la apertura de una investigación de Competenciaa varias empresas que podrían estar realizando prácticas anticompetitivas en el transporte entre ambas zonas.