El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha recurrido la sentencia del Juzgado de Instrucción numero 1 de San Sebastián, que no ve indicios de delito penal en la actuación de Bidegi y la Diputación de Guipúzcoa por incumplir las sentencias que anulaban las normas forales para la implantación de los peajes a los camiones en la N-1 y la A-15.
El juzgado justifica el sobreseimiento de la causa en que no se aprecian hechos constitutivos de infracción penal, porque en la fecha en que se interpuso la denuncia las sentencias que anulaban las normas no eran firmes. Sin embargo, los servicios jurídicos del sindicato alegan que sí lo eran y por tanto, el sobreseimiento se habría basado en argumentos inválidos.
El sindicato critica también la actitud de la diputada foral de Infraestructuras Viarias Aintzane Oiarbide, que "injustamente" ha arremetido contra los transportistas de Hiru acusándolos de un "ataque personal con la intención de causar un daño personal irreparable", tanto a ella como a su entorno, utilizando para ello "acusaciones injustas, infundadas y totalmente desproporcionadas".
Desde el sindicato quieren hacer constar que lo que se pidió al juzgado es que investigara si había delitode los responsables de Bidegi y la Diputación al no respetar las sentencias, sin nombres ni apellidos. En este sentido, fue la propia juez quien inició la investigación para determinar “la posible existencia de prevaricación” .
Además, consideran "irresponsable" por parte de Bidegi haber seguido cobrando el peaje durante meses conociendo las sentencias de los tribunales que anulaban las normas forales por ser discriminatorias. De hecho, en su opinión sigue teniendo "una actitud irresponsable" al negarse a devolver automáticamente las cantidades cobradas irregularmente desde enero de 2018.
Así, recuerdan que aunque casi todas las gestiones con la Administración se hacen por vía telemática y la Diputación tiene todos los datos par realizar la devolución, los transportistas han tenido que listar cada uno de los pasos por los arcos que controlaban el peaje y presentar una denuncia en el Juzgado para cobrar.