Tras la apertura de la investigación de la Audiencia Nacional en torno al sobrecoste de las obras de ampliación de El Musel, que alcanzaron un importe de 800 millones de euros, superando en un 40% el presupuesto inicial, el juez Javier Gómez Bermúdez ha comenzado a solicitar documentos concretos a las organizaciones implicadas en las supuestas irregularidades denunciadas por la Oficina de la Lucha contra el Fraude (Olaf).
Las diligencias ahora abiertas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción incluyen solicitudes de información a la Autoridad Portuaria de Gijón, que licitó y adjudicó la obra, a la UTE Dique Torres, que llevó a cabo la misma, y al Ministerio de Hacienda.
El juez reclama a la Autoridad Portuaria que le entregue el expediente de contratación de 'Ampliación del puerto de Gijón' y que certifique quiénes eran los miembros de ese ente público y de su consejo de administración, así como los del organismo Puertos del Estado, en las fechas en que se produjeron los hechos, es decir, entre 2005 y 2011, y qué cargos ocupaban.
Del mismo modo, reclama a la Autoridad Portuaria que remita los documentos que tenga de las relaciones mantenidas con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín, que explotan las canteras que se usaron en las obras.
Por otro lado, a la UTE Dique Torres le reclama los registros contables y la documentación referente al contrato de ampliación, así como los documentos de las relaciones con Hidrocantábrico respecto a la cantera de Aboño y de Tudela Veguín respecto de las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.
Por último, también ha solicitado al Ministerio de Hacienda los informes y resoluciones dictados por la Comisión Europea en torno a esta adjudicación, mientras que también ha ofrecido a la Abogacía del Estado que emprenda acciones para que pueda reclamar el dinero que le corresponda como perjudicada.
La denuncia de la Fiscalía
Después de meses investigando las irregularidades denunciadas por la Olaf, por las que el organismo internacional aconsejó a la Comisión Europea reclamar las subvenciones concedidas al puerto de Gijón, que alcanzaron los 198 millones de euros, Anticorrupción considera que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.
En concreto, la Fiscalía sospecha que funcionarios de la Autoridad Portuaria se pudieron concertar con la UTE para entregarle indebidamente fondos públicos, que la adjudicataria pudo haber engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales que se usaron en las obras y que se pudieron haber emitido facturas falsas para reclamar dinero público.
Además, también cree que la adjudicataria pudo simular gastos que en realidad no existieron y emitido documentos para entregar fondos públicos a particulares sin justificación.
Por tanto, la denuncia de Anticorrupción se dirige contra los representantes y administradores de la UTE y los de la Autoridad Portuaria de Gijón, según han informado desde la Fiscalía General del Estado.