Esta semana se han presentado ante los Tribunales españoles cerca de un centenar de demandascontra los fabricantes europeos de camiones que fueron sancionados por pactar un sobreprecio a sus vehículos.
El bufete Hispajuris, que representa a más de 19.000 afectados por estas prácticas contra el libre mercado sancionadas por la Comisión Europea en 2016, ha sido el que ha interpuesto estas acciones legales con las que se pretende conocer la posición que adoptará cada uno de los casi 100 Juzgados de lo Mercantil existentes en España.
A este primer centenar de demandas se irán sucediendo otras miles en los próximos meses que, como en el caso de las casi 100 ya en sede judicial, se presentan traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco según el fabricante demandado, se acompañan de un informe pericial que viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido por las distintas empresas en el periodo en el que el fabricante estaba participando en el cártel.
Para realizar estos cálculos se han utilizado varios métodos comparativos, como la comparación diacrónica, comparación con otros mercados geográficos y comparación con datos de otros mercados de productos, y de simulación, como métodos de simulación y métodos basados en costes y métodos financieros, que han sido realizados por un amplio equipo de economistas, miembros del Grupo Addvalora y por un profesor de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid.