El Consejo de Administración de la Plataforma Logística de Zaragoza ha decidido que no emprenderá acciones judiciales en relación con diversas obras de construcción de naves desarrolladas entre los años 2004 y 2008, que fueron analizadas en diversos informes de auditoría encargados por la sociedad.
El pasado mes de marzo, el Consejo de Administración de Plaza había acordado continuar con los análisis técnicos y jurídicos de una serie de informes, referidos a los pagos de ciertas unidades de obra ejecutadas entre 2003 y 2008 relacionadas con la construcción de varias naves modulares y de la edificación de un pabellón logístico con oficinas.
Así, el Consejo atiende al informe jurídico del Gobierno de Aragón, en el que se consideraba, entre otras cosas, que la "constatación técnica y jurídica de que los contratos analizados son contratos "llave en mano" y que, por tanto, no cabe disensión sobre las cantidades por debajo de la cifra de adjudicación". Según el informe, esto pone en cuestión las conclusiones de los "informes de auditoría analizados".
La segunda estipulación establece que las modificaciones contracturales no impidieron la pacífica recepción de las obras con las firmas de diferentes responsables de Plaza, lo que puede suponer, según el informe, una autorización tácita de las mismas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable.
Asimismo, el documento recoge que la controversia acerca del precio abonado puede derivarse de una "mera discrepancia jurídica" sobre el alcance del precio en un contrato llaves mano, y sobre la procedencia de pago o no de las modificaciones contractuales que se presumen ejecutadas por el contratista y, siempre según criterio del letrado, "posiblemente, autorizadas expresa o tácitamente por el dueño de la obra".
Las investigaciones en PlaZa comenzaron durante el verano de 2013. El pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenaba a tres de los acusados a cuatro años de prisióny al pago conjunto de 8,7 millones de euros.