El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado los recursos presentados por la administración navarra con respecto a los precios de las expropiaciones para la ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona, con lo que establece en 53 euros/m² el precio del suelo expropiado en la tercera y cuarta fase de dicha ampliación.
El auto del Tribunal, conocido este miércoles 10 de febrero, responde a un asunto que tiene su origen en 2008, cuando el Jurado de Expropiación de Navarra fijó en 20,01 euros/m² el justiprecio de los terrenos afectados por el Plan de Ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona.
Los acuerdos del jurado fueron recurridos por varios propietarios afectados, recursos que desestimó la Sala de Navarra en noviembre de 2009. No obstante, los afectados volvieron a recurrir ante el Tribunal Supremo, que estimó los recursos y declaró el derecho de los recurrentes a recibir un justiprecio que se determinaría en ejecución de sentencia conforme a las bases fijadas por el propio Tribunal.
Posteriormente, este justiprecio fue fijado por la Sala de Navarra en 53,06 euros/m², en unos casos, y en 57,09 euros/m², en otros. La administración navarra de 2012 recurrió entonces aquellos autos, habiéndose notificado este miércoles al actual Gobierno el auto desestimatorio y la confirmación del citado justiprecio.
48 millones de euros "en el mejor de los casos"
La ejecución de este auto, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, supondría para las arcas navarras un desembolso de más de 48 millones de euros "en el mejor de los casos", según han señalado desde el gobierno de Navarra.
En concreto, la cantidad objeto de condena asciende a 54,1 millones de euros que, con los correspondientes intereses desde la fecha de ocupación, se convierten en 68,5 millones de euros. No obstante, a esta cantidad hay que restar los 20,2 millones ya abonados en su día y correspondientes al valor fijado hace años por el Jurado de Expropiación.
Desde la administración autonómica ya han mostrado su "honda preocupación" por esta "herencia envenenada", ya que el fue el anterior gobierno el que gestionó esta ampliación y presentó dichos recursos.
Por este motivo, el gobierno de Navarra estudiará ahora el auto y la posibilidad de recurrir el mismo ante el Supremo, para evitar su ejecución y el correspondiente desembolso por parte de la Hacienda de Navarra.