En concreto, la asociación sostiene que la prohibición es una medida excepcional que únicamente aceptaría si se proporciona una alternativa a los transportistas sin un coste superior.
La ejecución de la A-27 es considerada como prioritaria para los transportistas, por lo que aseguran que la decisión de Abertis de ejecutar esta obra acelerando su entrada en servicio, es una buena noticia "siempre y cuando las contrapartidas sean proporcionales a la cuantía invertida para finalizar la A-27 y sean públicas y transparentes".
La asociación agrega que los descuentos o bonificaciones a la AP-2 son bienvenidos si son para favorecer un trasvase voluntario, "nunca para justificar un desvío obligatorio de camiones, que pasarían a ser usuarios involuntarios y contribuyentes obligados a las arcas de una concesionaria privada".
"La administración es la responsable de cualquier situación objetiva de riesgo por insuficiencia de inversión en las infraestructuras que, como la N-240, tendría que haber sido sustituida hace muchos años por la A-27", ha apuntado la asociación, además de advertir que, de confirmarse un acuerdo definitivo, valorará la respuesta que merece la prohibición.