Las organizaciones de transportistas autónomos Fetransa, Upatrans, Fenatport, Uniatramc y Atag van a comenzar una rueda de contactos con todos los grupos parlamentarios, que se llevarán a cabo durante este mes de mayo, con el fin de modificar la reforma fiscal del régimen de módulos, que se aplicará a partir de 2016, así como proponer otra serie de medidas para el sector del transporte.
Desde las organizaciones, que se han reunido esta última semana en Bilbao, recuerdan que el colectivo de transportistas autónomos "se verá abocado a la desaparición" si en 2016 entra en vigor la modificación del régimen fiscal de módulos aprobado por el Gobierno, pues con un límite de facturación de 75.000 euros "la práctica totalidad de transportistas no podrán acogerse a dicho sistema".
En este contexto, el principal objetivo de las próximas reuniones será solicitar a la Administración la ampliación del límite de facturación a 150.000 euros en el sistema de módulos, con el fin de que el autónomo de un solo camión pueda seguir tributando por este modo.
Tras un estudio analizado en la reunión sobre el impacto económico de la medida, desde las organizaciones cifran una pérdida media de 14.986,95 euros al año por autónomo a raíz de su aplicación, aunque las pérdidas dependerán de las condiciones de cada empresario.
Conclusiones del estudio
Entre los casos más representativos del estudio, cabe destacar que el autónomo con vehículo articulado con su propia capacitación profesional tiene un perjuicio económico anual de 9.869,99 euros, mientras que para el autónomo con un vehículo articulado y con un capacitado el mismo asciende a los 11.551,39 euros.
Estas pérdidas ascienden a 16.651,60 euros para un autónomo con un vehículo articulado y con un autónomo colaborador, mientras que aquel con dos vehículos articulados y con un asalariado perderá 21.785,59 euros al año.
Además, el autónomo con un camión rígido con 15 tn de carga útil tendrá un perjuicio económico anual de 8.923,47 euros.
Solicitudes del sector
Durante las reuniones que mantendrán con los grupos políticos, los transportistas trasladarán una batería de medidas con el fin de que los mismos las incluyan en sus programas.
En materia fiscal, estas medidas contemplan, además del aumento a 150.000 euros de facturación anual para acogerse al régimen fiscal de módulos, la no aplicación obligatoria de los peajes a los vehículos pesados.
También esperan que los partidos establezcan un régimen sancionador para el incumplimiento de los plazos de pago, la obligatoriedad de la cláusula de revisión del carburante y la prohibición de realizar labores de carga y descarga por los conductores.
En lo que respecta a la ordenación, los transportistas solicitan el mantenimiento de los requisitos actuales para el acceso al mercado, es decir, tres vehículos de menos de 5 meses de antigüedad, permitir la transmisibilidad de la autorización en las mismas condiciones que las personas jurídicas, mayor control a la práctica del cabotaje y la regulación del sector de transporte de vehículos de menos de 3,5 tn.
En cuanto a los temas sociales, se trasladará a los partidos políticos la necesidad de una regulación e inspección para las prácticas de 'dumping social', así como del incremento de la dotación presupuestaria para las ayudas al abandono de la actividad y que se vuelvan a aplicar a los autónomos de 58 años de edad.
En la misma línea, exigen la jubilación anticipada para los conductores, mayor flexibilización de la prestación de cese de actividad de los autónomos, además de la modificación de la Ley del Trabajo Autónomo (LETA) con el fin de dar mayor efectividad a los derechos de los TRADE y a los acuerdos de interés profesional.