El presidente del Consejo General del Colegio de Agentes de Aduanas, Antonio Llobet, y el presidente de la Federación Española de Transitarios, Enric Ticó, han participado en un coloquio del Propeller Valencia en torno a la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.
Ambos han coincidido en que es fundamental que la “voz de la carga sea escuchada en los despachos” para impedir que salga adelante esta normativa con artículos que pueden suponer un “verdadero desastre para el sector logístico”.
Llobet ha resumido la incidencia de la nueva Ley en tres ámbitos fundamentales: la responsabilidad subsidiaria del IVA de los clientes, la no caducidad de los procedimientos de declaración después de seis meses o la posibilidad de reiniciarlos, y la no liberación de las garantías con el pago a los 30 días del impuesto.
Además, ha recordado las conclusiones de un estudio de EY que asegura que esta iniciativa legislativa “pone en peligro la viabilidad de la profesión e impacta sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica”.
En concreto, se estima que podrían perderse entre 6.000 y 9.000 empleos como resultado del desplazamiento de la actividad y entre 700 y 1.200 como resultado de la mayor concentración empresarial, con una posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.
España perdería competitividad
Si la Ley sale adelante con la redacción actual, España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio y se equipararía con países poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior, lo que provocaría la deslocalización de la actividad.
Por su parte, Ticó ha recordado que este texto legislativo se ha generado debido a que existe “desconfianza de la Administración respecto a sí misma”, asegurando además que “hay una necesidad de ingresar”.
Dicho lo cual, se ha mostrado optimista porque “hay una cierta receptividad” y ya se ha conseguido que se recojan todas sus enmiendas.
Creo que van a ser aprobadas” ha explicado el presidente de los transitarios, consciente de que ahora viene el momento más complicado: concretar el articulado final. En su opinión, la Ley podría llegar al Congreso antes de las vacaciones de verano.