La Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra Audasa, concesionaria de la AP-9, por supuestas prácticas abusivas en el cobro del peaje de Rande durante las obras de ampliación del puente.
Las tarifas se mantuvieron inalterables pese a las restricciones permanentes del tráfico, causadas por la reducción del número de carriles y de los límites de velocidad, así como la ejecución de las actuaciones, que generaban constantes atascos.
Como recuerdan los demandantes, el pago debe realizarse a cambio del uso en perfectas condiciones de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad. Por ello, se solicita el reintegro de los peajes abonados en este tramo entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018.
Además, se ha pedido que la concesionaria se abstenga de repetir estas actuaciones en cualquier otra autopista que gestione en España. Así, el Ministerio Público exige que remita un criterio de eliminación del pago en los casos de insuficiente fluidez del tráfico.
También reclama que se condene a Audasa a abonar el doble del importe del peaje a todos los usuarios afectados por atascos o retenciones superiores a 10 minutos, mediante la aportación del comprobante del peaje o a través de cualquier otra prueba.
Desde la Fiscalía, aseguran que no solamente se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento, sino que se ha incrementado desde el 1 de enero de 2018, tras la inauguración de las obras. La propia concesionaria cifra en unos 77 millones los tránsitos, mientras que la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros ascendería a los 90 millones de euros.