Con ocasión de la reunión del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, celebrada en Luxemburgo el pasado jueves 8 de Junio para analizar el nuevo Paquete Legislativo promovido por la Comisión Europea, los nueve países europeos que integran la ‘Alianza por la Carretera’, junto con Holanda y Suiza, han mantenido una reunión preparatoria el día anterior para coordinar sus posiciones de cara a dicha Cumbre de Ministros europeos de transporte.
En la citada reunión, los países participantes han acordado mantener un frente común de cara al trámite legislativo del nuevo Paquete Legislativo promovido por la Comisión Europea que ahora se inicia.
Los miembros de la Alianza apuestan porque el nuevo paquete legislativo permita crear un mercado interno robusto, basado “en el respeto de las normas comunes y en una competencia leal entre empresas”.
Dado que “sólo una respuesta europea será capaz de hacer frente a un problema de dimensión europea”, consideran necesario reforzar los controles ya previstos y asegurarse que cualquier nueva propuesta al respecto sea aplicable, planteándose incluso la posibilidad de iniciar alguna actuación común entre todos los países que conforman la Alianza.
[sumario]“Sólo una respuesta europea será capaz de hacer frente a un problema de dimensión europea”[/sumario]
Otros asuntos abordados en la reunión han sido la nueva propuesta de limitación del cabotaje, la regulación sobre los trabajadores desplazados y la modificación de la regulación del tiempo de descanso de los conductores.
Está previsto mantener una nueva reunión en Berlín, previsiblemente en septiembre, para coordinar posiciones de cara al inicio de la negociación del Paquete Legislativo en el Consejo Europeo de Ministros.
Para ‘mejorar la vida de los trabajadores’
La ‘Alianza por Carretera’, es una iniciativa promovida a finales del pasado mes de Enero por la mayor parte de los países europeos occidentales, compuesta por Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia.
Esta iniciativa nació con el doble objetivo de converger las medidas nacionales de aplicación de la normativa europea para facilitar a los transportistas su aplicación y mejorar la vida de los trabajadores y mejorar las prácticas de control y fortalecer la cooperación para luchar de forma más eficaz contra el fraude y la competencia desleal.
España, de acuerdo con los argumentos esgrimidos desde el ministerio de Fomento, no forma parte de esta Alianza, a pesar de la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo en la que se instaba al Gobierno español a adherirse a la misma.