En una declaración conjunta, los clústeres de automoción de Navarra, La Rioja, Valencia, Aragón, Galicia, Cataluña, Castilla y León y Cantabria han explicado que, ante la realidad inestable que se está viviendo en el sector, es necesario que se revisen las relaciones contractuales de todos los puntos de la cadena de valor.
Acan, AEI La Rioja, Avia, Caar, Ceaga, Ciac, Facyl y Gira se refieren concretamente a las a los contratos y relaciones que los fabricantes tienen establecidos desde hace muchos años con sus empresas proveedoras, en los que los precios de los suministros se mantienen a la baja a cambio de un alto nivel productivo.
Teniendo en cuenta los datos de los primeros cuatro meses de 2022, en España la producción de vehículos se ha reducido un 25% respecto a 2019 y un 7,5% en relación a 2020. A nivel europeo, desde julio de 2021, las ventas han caído una media del 19,2% mensual, siendo las 684.506 unidades vendidas el dato más bajo desde que existen registros, sin contar el año de la pandemia.
A la caída de la demanda, se suman “los fuertes incrementos de precios en materias primas, la escalada de los precios de la energía, elevación de los costes del transporte y el desabastecimiento generalizado de elementos esenciales”, lo que ha generado según estos clústeres una "tormenta perfecta".
Todo ello ha provocado parones en las fábricas y según denuncian, “ha roto las economías de escala de un sector que trabaja, históricamente, con márgenes muy pequeños en los que los beneficios aparecen con los altos volúmenes de producción”.
En este caso, los volúmenes no solamente han sufrido un grave descenso, sino que no existe un horizonte claro de recuperación, y la escalada de precios hace peligrar la supervivencia de los proveedores en el sector, dado que no pueden equilibrar los sobrecostes.
A todos estos elementos, se añade la invasión rusa en Ucrania que afecta a la exportación de elementos básicos para el sector y a la elevada inflación, así como una reforma laboral que supone un “detrimento de la flexibilidad”.
Por tanto, todos estos clústeres han pedido que se tomen medidas antes de que se produzca “una caída sin precedentes de toda la industria a nivel español con las graves consecuencias económicas y sociales que implicaría”, ya que el sector aporta el 8,5% de la riqueza del país y da empleo a más de dos millones de personas.