Propuestas para la ordenación del sector del transporte público por carreterapresentado por las asociaciones Upatrans, Uniatramc, Aragonés y Fenatport, ue se puede descargar en este enlace (disponible en formato pdf, de 19 páginas, 164 Kb).
Las asociaciones Upatrans, Uniatramc, Aragonés y Fenatport en una reunión mantenida este pasado lunes 7 de diciembre con el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, han trasladado un documento que recoge algunas medidas elaboradas de manera conjunta para mejorar la competitividad del sector del transporte autónomo por carretera.
En materia fiscal, las asociaciones han solicitado permitir que los autónomos dedicados al transporte público de mercancías que no superen los 150.000 euros de facturación sigan encuadrados en el régimen simplificado de IVA y estimación objetiva de IRPF, ya que esta medida permitiría que cerca de 26.000 autónomos pudieran acogerse a este régimen.
También se ha cuestionado la modificación Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, pidiendo que se mantenga el número mínimo de flota en tres vehículos para obtener nuevas autorizaciones de transporte pesado y el mantenimiento de la antigüedad en cinco meses de estos vehículos.
Además, también se ha indicado que sería necesario rebajar a tres años el límite establecido para la transmisión de la autorización de transporte público, manteniendo el resto de los requisitos actuales.
Con ello, las asociaciones buscan mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, así como apoyar la presencia de un cierto número de transportistas autónomos de manera estable. "El transporte ha sido una fuente de creación de autoempleo. Se trata de profesionales que, en la fase del transporte por carretera, son eficientes y dan respuesta a las necesidades de muchas de las pymes que componen el tejido empresarial del país", señalan las organizaciones.
Dumping social
Las patronales dedican otro capítulo a la competencia desleal, exigiendo la obligatoriedad, para el transporte de cabotaje, de la acreditación del cumplimiento en materia salarial de acuerdo a la legislación española.También se pide la aplicación, de facto, de los establecido en la Directivas 96/71/CE sobre las condiciones de los trabajadores desplazados temporalmente en el marco de una prestación de servicios, y en la Directiva 2014/67/UE relativa a la garantía de cumplimiento de la directiva 96/71/CE.
Por último, se solicita la aplicación armonizada en toda la UE de las normativas de los tiempos de trabajo y su control cuando los trabajadores se desplazan por territorios diferentes a los de su residencia.
En este sentido, las organizaciones sostienen que no está claro que las autoridades de un determinado país tengan competencias para investigar y sancionar, en materia laboral, las conductas de aquellas empresas cuando sus trabajadores circulan en tránsito por el territorio de otros países.
"Para el transporte internacional deberían de promulgarse normas de común aplicación que fueran claras, y para el transporte de cabotaje debería de establecerse, sin duda alguna, que las empresas han de cumplir las mismas condiciones que las que son de obligado cumplimiento para las empresas establecidas en el país de acogida del transportista que va a efectuar dicha operación", exponen las asociaciones.