Una "importante sobrecapacidad" de infraestructuras y una "opacidad y deficiencias" en la prestación de servicios portuarios, son algunas de las objeciones señaladas por Julián Maganto, economista y miembro del círculo de Podemos 3E (Economía, Ecología, Energía), en un artículo de opinión, publicado en el diario 'Público', sobre los cambios "necesarios" en el sistema portuario español.
A pesar de reconocer el "evidente proceso de modernización" que han registrado los puertos españoles en los últimos tiempos, un proceso que permite que la oferta española portuaria sea "competitiva y suficiente a medio plazo", el economista observa determinadas ineficiencias, "algunas de importancia, que se deben resolver".
En el primer caso, es decir, con respecto a la sobrecapacidad de las infraestructuras, Maganto la achaca al descenso de los tráficos portuarios debido a la crisis, a la vez que se producía el adelanto de algunas obras "no justificadas por la demanda previsible" y la duplicación de determinadas infraestructuras debida a una "mal entendida" competencia interportuaria.
Por otro lado, denuncia la opacidad y deficiencias en la prestación de servicios portuarios prestados por la iniciativa privada, así como la complejidad en la determinación de las tasas en los prestados por las Autoridades Portuarias, los "nocivos efectos ambientales" en algunas operaciones y la necesidad de adaptación del servicio de manipulación de mercancías.
Arremete también contra la nueva regulación que amplía el plazo de concesión portuaria, de 35 a 50 años, calificándola de "excesiva", al mismo tiempo que considera que existe una "insuficiente" consideración de la variable ambiental en todos los procesos.
Para solventar estos problemas del sistema portuario español, Maganto propone crear unos Consejos Ciudadanos de Puerto a través de lo que, en su opinión, se podría "aumentar la transparencia en la gestión de los puertos y la participación ciudadana, institucional y de los agentes económicos con el objetivo de asegurar el carácter público estatal de las Autoridades Portuarias".
Asimismo, propone adaptar la demanda con criterios de sostenibilidad y definir una estrategia de optimización para aprovechar las infraestructuras ya existentes. En este sentido, el economista considera importante impulsar y mejorar las conexiones ferroportuarias y el transporte marítimo de corta distancia.
Por último, considera necesario mejorar los procesos internos y la gestión sostenible a través de la creación de un plan de I+D+i, la implantación de un código de buenas prácticas de responsabilidad corporativa y de la formación profesional específica.
En general, sus propuestas pasan por conseguir "la gestión excelente de las infraestructuras, los servicios y el dominio público portuarios, la potenciación de la cooperación internacional, la clara apuesta por la I+D+i, la formación continua y el inequívoco compromiso con la responsabilidad social y ambiental, todo ello dentro de un marco de transparencia, participación ciudadana y leal colaboración institucional".