Este tramo, discurre en paralelo a la autopista de peaje AP-2, "obligando a a los transportistas a circular por dicha vía de pago, gestionada por la concesionaria Abertis".
Esta prohibición se incluye en un principio de acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Fomento para mejorar la movilidad entre Lérida y Tarragona y potenciar las comunicaciones, mediante la construcción de nuevos ejes viarios. Sin embargo, para la federación supone "un nuevo intento por expulsar a los camiones de las carreteras nacionales".
En este sentido, ha recordado la "campaña de acoso" que el gobierno autonómico inició en 2013, cuando acordó en abril "la prohibición absoluta los 365 días del año y las 24 horas del día" de circulación a los camiones en 90 kilómetros de la N-II, en la provincia de Gerona, hasta la frontera francesa, obligándoles a circular por la autopista de pago AP-7.
Esta última decisión fue recurrida por Fenadismer, junto a sus organizaciones catalanas AGTC y Astac, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y se encuentra aún pendiente de resolución judicial.
Tal y como ha recordado la federación, las asociaciones de transportistas catalanas ya han rechazado de plano esta prohibición, que sólo aceptarían si se les ofrece a los transportistas una vía alternativa libre de pago.
Por ello han anunciado que, de confirmarse un acuerdo definitivo en estos términos, estudiarían las medidas de respuesta contra dicha prohibición.