Los planes del Ministerio de Fomento de modificar las condiciones de concesión de autorizaciones afectaría gravemente al colectivo de empresarios autónomos y pymes del sector, tal y como ha alertado el procurador de IU, José María González. De llevarse a cabo la modificación relativa a la orden 734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, cerca de 46.000 empleos en el transporte de mercancías de Castilla y León, entre directos e indirectos, podrían desaparecer. El colectivo de empresas afectadas, Upatrans, ha comparecido en las Cortes junto a González para resaltar la gravedad extrema de un problema que pone en peligro la pervivencia en España de 200.000 empleos directos y de otros tantos indirectos, de ellos 23.000 directos sólo en Castilla y León. Hasta los 300.000 euros Según IU, los empresarios autónomos y pequeñas y medianas empresas, de entre uno y cinco trabajadores, no podrán acceder al negocio del transporte pesado de mercancías con la nueva reglamentación. Así, en diez o quince años podrían desaparecer hasta 46.000 puestos de trabajo en la Comunidad debido a los grandes desembolsos que habrá que hacer, de los 40.000 actuales hasta los 300.000, para alcanzar el cupo mínimo de tres vehículos con cinco o menos meses de antigüedad Upatrans enmarca los planes del Ministerio de Fomento en el intento de que el transporte pesado de mercancías sea copado por empresas más dimensionadas, algo que considera injusto ya que el sector actual ofrece buenos servicios y cuenta con rutas competitivas.
