El secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, y el Director General de Transporte Terrestre, Manel Villalante, han presentado hoy el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes.
El nuevo texto pretende propiciar una mejor estructuración empresarial de los servicios de transporte con el fin de aumentar su calidad y competitividad. Para ello, incide en temas clave como la formación y la tecnología, reduce restricciones mercantiles y elimina cargas administrativas innecesarias.
Concretamente, Táboas ha destacado que la reducción de cargas y la informatización de procedimientos administrativos hará posible que los costes de gestión de las empresas de transporte se reduzcan entre un 10 y un 15%.
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La norma moderniza, además, la gestión de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera y ferrocarril y el acceso a la profesión de transportista, así como al mercado de transporte internacional de mercancías y viajeros.
El proyecto de ley beneficia a un sector que ocupa al 4,3% del total de población activa nacional, y que cuenta con 271.773 empresas de las que 197.178 se dedican al transporte de mercancías, tanto en servicio público como privado.
Reducción de restricciones mercantiles
A este respecto, se consagra la autonomía de gestión de las empresas a su riesgo y ventura y se abre la posibilidad para que, reglamentariamente, se establezcan supuestos en los que una sola autorización habilitará para realizar transporte e intermediar en su contratación.
En lo referente a los requisitos para acceder a la profesión, el director general de transporte terrestre Manel Villalante ha aclarado que "se mantendrán los mismos que establecía el Reglamento anterior, aunque se mantiene la puerta abierta a cualquier modificación que pueda derivarse de la normativa comunitaria, permitiendo adaptaciones a un mercado cambiante sin necesidad de cambiar la ley".
A preguntas sobre el tratamiento de las cooperativas de transporte, Villalante ha afirmado que el nuevo anteproyecto se limita a regular únicamente la actividad del transporte terrestre y, por ello, sin entrar a hacer valoraciones sobre la forma jurídica de las empresas de transporte, siendo valido el principio que se aplica para otras actividades empresariales. Por tanto cualquier fórmula jurídica de las empresas de transporte contemplada en el ordenamiento jurídico actual, quedará amparada por la LOTT que regula su actividad.
Reducción de cargas administrativas
Este aspecto relaciona ha sido destacado por el secretario de estado estaca, en primer lugar, la regulación más pormenorizada del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, reforzando la publicidad de sus contenidos y su coordinación con el Registro mercantil.
Además, el nuevo texto normativo elimina la autorización de Operador de Transporte para el caso de transportistas que ya disponen de autorización de transporte de viajeros y, con determinados condicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.
Así mismo, se establece la posibilidad a futuro, por parte de las empresas de transporte, de no tener que presentar los documentos relativos al domicilio y capital social una vez que se coordine el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con el Registro Mercantil. Esto permitirá introducir los mecanismos que posibiliten la tramitación virtual de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones.
Una de las novedades a las que ha hecho mención Manel Villalante, es la relativa a los requisitos para obtener la autorización de transporte público de mercancías para vehículos de entre 2 y 3,5 toneladas. Para este caso en concreto y aunque se mantenga la autorización, está previsto en el desarrollo del reglamento el establecimiento de la no obligación del cumplimiento de la revisión anual y de la formación para obtener la capacitación, en línea con lo que se ha acordado con el sector.
Armonización de la LOTT y desarrollo del Reglamento
También se ha contemplado la armonización de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres con otras leyes de ámbito nacional dictadas en los últimos años como la Ley del Sector Ferroviario, la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.
Respecto de cómo se va a abordar el proceso de desarrollo reglamentario, ha declarado Manel Villalante que “tenemos obligación legal, pero sobre todo existe voluntad personal y política de que el desarrollo del Reglamento sea negociado”. También ha afirmado que espera que la mesa “se ponga en marcha a finales del verano”, una vez finalizada la tramitación parlamentaria. En cuanto a la aprobación de la ley, Táboas no ha aclarado si se producirá antes del final de la legislatura, "aunque está en el ánimo solicitar que la ley se tramite con agilidad, quedando supeditado a la carga de trabajo de la Comisión de Fomento en el Congreso, para proseguir con el trámite del Reglamento inmediatamente después".