La Justicia declara nulos varios de los acuerdos de la privatización de Sestiba en Las Palmas

Un reciente auto de la Justicia canaria indica que la conversión de la Sagep en Sestiba no debía haberse realizado al encontrarse esta en números rojos.

10/02/2015 a las 7:30 h
El puerto de Las Palmas reclama a las empresas estibadoras el pago de la deuda de Sestiba

Ahora que la situación de la estiba en Las Palmas se había estabilizado después de años de disputas, firmándose el convenio del sector el pasado 17 de noviembre de 2014 y pactando los miembros de la Sagep retirar las demandas cruzadas entre las estibadores, la Justicia, que va a su ritmo, se ha pronunciado a favor de una demanda anterior de La Luz Market y declarando nulos varios acuerdos de la privatización de Sestiba.

En concreto, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha indicado en un auto fechado el 28 de enero ha indicado que la conversión de la anterior Sagep a la nueva sociedad Sestiba no debía haberse realizado, ya que esta tenía sus cuentas en números rojos y la sociedad debía haber estado saneada para su transformación, según recoge eldiario.es.

Así, para el Juzgado, en el momento de constituirse la sociedad, en febrero de 2011, estaba debidamente probada la existencia de un patrimonio neto negativo en la sociedad, por lo que la conversión vulnera el artículo 147-3 y 4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por ello, el fallo declara nulo parcialmente el acuerdo de la citada junta sobre "ratificación del plan de viabilidad y saneamiento de la sociedad", en concreto en lo relativo a que el "valor real de las acciones coincida con su valor nominal".

Además, también anula el haber realizado la conversión sin el previo saneamiento y el acuerdo sobre la separación de la Autoridad Portuaria y reducción de capital mediante amortización de acciones.

Cabe destacar que el fallo del jurado se produce una semana después de que la comunidad portuaria de Las Palmas fuese informada de que todas las garantías de solvencia de las empresas que forman la Sagep, solicitadas por la Abogacía General del Estado, estaban aprobadas.