La industria farmacéutica asentada en España invertirá en los próximos dos años alrededor de 200 millones de euros para adaptar las líneas de producción e incorporar los requerimientos técnicos del nuevo sistema de verificación unitario de medicamentos, recogido en la Directiva Europea de Medicamentos Falsificados y su Reglamento Delegado.
Su objetivo es evitar la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de distribución, reforzando aún más las garantías de los medicamentos que se dispensan en las farmacias.
Esta inversión es el primer paso para lograr el pleno funcionamiento del sistema y servirá para que los envases incorporen cierres que permitan verificar que no han sido manipulados, así como un nuevo código bidimensional o 'datamatrix' que contendrá un número de serie único para cada envase.
Las farmacias, antes de dispensar el medicamento al paciente, verificarán su autenticidad mediante una conexión telemática con el repositorio nacional, gestionado por el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM).
No obstante, las compañías tendrán que incurrir en nuevos gastos una vez implantado el sistema, como los derivados del mantenimiento, la codificación y la serialización, que puede ascender al medio millón de euros por centro de producción.
Por otro lado, cada laboratorio tendrá que asumir la cuota correspondiente para mantener el SEVeM, que deberá estar en funcionamiento en febrero de 2019, como en el resto de países de la UE. El lanzamiento, por tanto, precisa de entre 10 y 13 millones de euros adicionales de inversión y un soporte anual de entre 5,5 y ocho millones de euros a partir de ese momento.
Farmaindustria reclama el apoyo de las administraciones
En este sentido, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) reclama la adopción de medidas de apoyo por parte de las administraciones, puesto que estos gastos son necesarios para la adaptación de la industria a una serie de requerimientos de carácter europeo.
Actualmente, la asociación está trabajando en distintas propuestas para que el impacto económico de la implantación del sistema sea asumible, especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas, que en algunos casos tendrán serias dificultades para hacer frente al desembolso necesario para ponerlo en marcha.