El pleno del Parlamento Europeo ha pedido dar un plazo de un año a aerolíneas como IAG para que reestructuren su accionariado y puedan seguir operando en la Unión Europea tras la salida de Reino Unido del bloque.
Los eurodiputados proponen que las líneas aéreas de capital británico puedan seguir operando entre ambas zonas durante un periodo de 12 meses, siempre que se ofrezca un acceso equivalente al mercado de Reino Unido para las europeas.
La normativa en vigor establece que las licencias de explotación para vuelos en el entorno comunitario se asignen a líneas aéreas cuyo control efectivo recaiga sobre un Estado Miembro o sus empresas nacionales y que la propiedad del 50% más una de las acciones sea también europea.
Por ello, el Consejo de Administración de IAG ya ha fijado en un 47,5% el máximo capital social que puede quedar en manos de accionistas que no pertenezcan a la Unión Europea. De este modo, podrá obligarles a vender participaciones a accionistas comunitarios y vetar la compra de títulos por parte de sociedades externas.
Actualmente, sus accionistas pertenecen a la Unión Europea en un 52,5%, pero la situación cambiaría una vez se produzca el Brexit. La decisión ha caído como un jarro de agua fría en las Bolsas de Madrid y Londres, donde las acciones del grupo han caído un 2% nada más conocerse su nueva política.