Con las quejas se ha conseguido una solución a medias, ya que los empresarios de Madrid, por lo menos han conseguido que el área de 'Madrid Central' pase de entrar en vigor el 23 de noviembre, coincidiendo con el 'Black Friday', a entrar en funcionamiento una semana después, el 30 de noviembre, como se preveía inicialmente en la Ordenanza de Movilidad que ha entrado en vigor esta semana tras su publicación oficial.
Aunque algo es algo y es bienvenida, la medida sabe a poco, ya que, como explica Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM y de UNO, "se debería posponer hasta después de navidades", una época en la que el comercio de la zona centro de Madrid se juega una importante de las ventas y en la que los envíos de comercio electrónico se disparan, durante la que ahora se añade un problema de movilidad en una zona muy congestionada.
En este sentido, Lázaro afirma que el empresariado madrileño es "partidario de cambiar el modelo de ciudad, pero esto es un proceso que requiere de un análisis sosegado, de consultas y, en este sentido, todo lo que se pueda retrasar hasta que demos con la tecla es importante y se logre un acuerdo con todos los actores involucrados."
Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha convocado una reunión urgente del Consorcio Regional de Transportes para analizar el impacto de la nueva Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Madrid en el sistema de movilidad de la región y pide que se suspenda la entrada en vigor de Madrid Central, un área del centro de la capital a la que el Ayuntamiento tiene limitar el acceso drásticamente.
De igual modo, el sector del transporte también ha recibido favorablemente el retraso en un año de la entrada en vigor de las restricciones para los vehículos de reparto de hasta 3,5 toneladas de MMA con etiquetado B.
Sin embargo, en el sector también se pide que esta medida se extienda a los vehículos sin distintivo medioambiental, ya que, según un estudio elaborado por UNO, la puesta en marcha del calendario de restricciones de Madrid Central obligará a las empresas de paquetería a renovar un 40% de su flota de vehículos antes de 2020, una cifra que ascenderá al 85% en 2022 si no se flexibiliza el calendario de restricciones.