Los transportistas autónomos vascos, a través del sindicato Hiru, han mostrado su incredulidad ante la decisión de la Diputación de Guipúzcoa de no atender las reclamaciones sobre los peajes cobrados irregularmente en la A-15 y N-1, después de que estos fueran anulados por los tribunales.
En su opinión, las cantidades cobradas desde principios de 2018 deberían haberse devuelto ya, y además debería haberse hecho de oficio, puesto que los peajes se cobraron también automáticamente y se dispone de los datos de todos esos transportistas.
Desde la Diputación, ya se negaron a la devolución automática explicando que solamente atenderían las reclamaciones individuales, pero finalmente parece que tampoco las atenderán, lo que obligará a los afectados a acudir a un proceso judicial.
Según informa Diario Vasco, un total de 335 profesionales han presentado 303 reclamaciones para la devolución de 2.995.724,67 euros, pero todos los expedientes resueltos hasta enero han sido desestimados y no se ha reintegrado el importe reclamado.
En el caso de los transportistas del sindicato, han presentado hasta 123 reclamaciones en la sede electrónica de la Diputación, por un importe que ronda los 600.000 euros, y ninguno ha recibido aún respuesta, aunque son conscientes de que "están diciendo que todas las reclamaciones han sido desestimadas".
Nuevo peaje en los próximos meses
Queda claro para Hiru que del "afán recaudatorio que se evidenció cuando se implantaron los peajes", se ha pasado al "afán confiscatorio" de quedarse con un dinero que no les corresponde.
Por otro lado, denuncian que al final son los ciudadanos de Guipúzcoa los que pagarán las consecuencias de la "actitud irresponsable y mala gestión de los responsables de Bidegi y de la Diputación", lo que incluye la inversión en los arcos inhabilitados, los gastos del personal, los costes de los procesos judiciales, las devoluciones o las posibles sanciones o recargos.
En este sentido, explican que la Diputación pretende volver a cobrar un peaje en los próximos meses en todos los tramos de las citadas carreteras, lo que además de "ignorar las sentencias judiciales", supone en su opinión jugar con el dinero público y castigar a los transportistas, a pesar de que realizar un trabajo esencial.