La Estrategia de Seguridad Vial 2030 de la Dirección General de Tráfico establece la necesidad de la pacificación de las vías públicas y en especial de las áreas urbanas, donde se concentra el mayor número de accidentes en los que se ven implicados usuarios vulnerables, como ciclistas o peatones.
En este sentido, ya se ha contrastado en la UE que la implementación de Zonas de Bajas Emisiones es una herramienta muy útil. En enero de 2023, estaba prevista la creación de Zonas de Bajas Emisiones en más de 150 municipios de España, pero es evidente que este despliegue se ha ralentizado.
Por ello, desde la Dirección General de Tráfico se pretenden publicar en el próximo trimestre dos nuevas iniciativas con las que facilitar la creación de Zonas de Bajas Emisiones a las entidades locales. Así lo ha explicado Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT, en el encuentro anual que organiza la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible.
La primera de ellas consistirá en poner a disposición de todas las entidades locales el Registro de Vehículos. Se dará acceso en tiempo real a todos los Ayuntamientos que vayan a implementar una Zona de Bajas Emisiones para que puedan controlar los vehículos que acceden y establecer las autorizaciones, moratorias o exenciones pertinentes.
Por otro lado, se publicará, con la colaboración del Ministerio de Transportes, una guía para la distribución urbana de mercancías, que representa el 30% del parque circulante diario en ciudades como Madrid y Barcelona.
En este sentido, pretenden abordar las principales inquietudes que les han trasladado las empresas de logística y transporte, como la distribución urbana nocturna y fuera de horario, la ciclologística, la carga y descarga en tramos especiales o los puntos de conveniencia y lockers.
También se darán indicaciones respecto a los dispositivos avanzados de ayuda a la conducción en vehículos pesados y furgonetas, o la armonización de la señalización vertical y horizontal.
Para ello, se han estudiado las discrepancias existentes entre las diferentes ordenanzas municipales, y se han apoyado en el Ministerio de Transportes para que las medidas publicadas sean las adecuadas no solo para la seguridad vial, sino para la eficiencia y competitividad del sector.